El Defensor del pueblo catalán duda de una parte de las quejas por adoctrinamiento
El Síndic de Greuges exige solucionar los problemas en escuelas catalanas sin tener que recurrir a la vía judicial
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha considerado este lunes que "una parte" de las quejas por supuesto adoctrinamiento en las escuelas catalanas conocidas en las últimas semanas son "inconsistentes y difícilmente verificables" y ha considerado que "pueden ser falseadas". El Defensor del pueblo catalán ha reiterado que intentar resolver por la vía penal este tipo de conflictos es un error y ha exigido además que las escuelas no tengan símbolos partidistas.
En una rueda de prensa para presentar recomendaciones sobre presunto adoctrinamiento en escuelas, Ribó ha destacado que ha recibido nueve quejas, 21 consultas y ha abierto dos actuaciones de oficio -por el instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca y las protestas en un colegio de Barcelona el día de puertas abiertas- por estos casos. Además, ha añadido que de las 32 incidencias solo en seis escuelas hay posibilidad de verificación porque se especifica el centro y no son genéricas.
Respecto a los tres requerimientos enviados por el Ministerio de Eduacción a la Generalitat, Ribó ha explicado que contienen 55 incidencias referidas a 48 centros catalanes , pero que aparecen quejas anónimas, que expresan opiniones sin especificar centro, por lo que es "difícil la verificación". En este sentido, ha recordado que de momento sólo se ha constatado mala praxis en uno de ellos.
Por ello, ha considerado que son inconsistentes y difícilmente verificables, y que le sorprende que el Ministerio no tome más medidas para contrastarlas , "sin querer quitar ni una coma a ninguna incidencia". Además, ha mostrado su sorpresa por que en los requerimientos requieran datos sin hacer comprobación y acusen a la administración educativa de no haber cumplido.
Evitar símbolos partidistas en colegios
A pesar de que han recibido "escasas" quejas por simbología y mensajes partidistas en colegios , y que lo han hecho de todos los posicionamientos, ha instado a evitar su presencia, mantener la neutralidad y respetar la pluralidad de la comunidad educativa, según Ep.
Además de todo ello, el Síndic ha dicho que mantiene abierta una actuación de oficio, tras el informe del sindicato Ames por presunto adoctrinamiento en los libros de texto, y que, a falta de concluirlo, no han encontrado hasta el momento "ninguna evidencia" de ello .
Ha remarcado que sumando las quejas recibidas por el Ministerio y el Síndic aparecen 87 incidencias "no siempre verificables" con referencias a 53 centros educativos, recordando que en Catalunya hay más de 4.000 escuelas.
Critica la investigación en el caso de Sant Andreu
Respecto a la polémica surgida en el instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), uno de los dos centros cuyo caso se ha judicializado, ha dicho que tiene constancia de que la dirección y la Inspección educativa están actuando continuamente para recuperar la normalidad, y que en un informe, la dirección del centro "negó cualquier discriminación a ningún alumno" los días posteriores al 1-O.
Ha lamentado que las familias denunciantes no recurrieran a las vías que ofrece el marco educativo y se apoyaran en la vía judicial, ha visto normal y necesario que se hable de la situación política en las aulas, y ha criticado la "falta de imparcialidad" al encargar a la Guardia Civil la investigación, cuando se puede considerar víctima del presunto delito de odio.
Asimismo, ha reprochado falta de parcialidad en los hechos descritos en la denuncia de Fiscalía por tener como única base el atestado de la Guardia Civil y no incluir explicaciones de los docentes denunciados , así como cree que se "desnaturaliza" el delito de odio, cuando habla de discriminación 'por nacionalidad' ya que comparten la misma, la española, lo que, según él, denota la falta de consistencia de la acusación.
En su opinión, "están faltas de imparcialidad tanto las investigaciones de la fiscalía como los hechos descritos en las acusaciones" y ha afirmado que el delito de odio de que se acusa a los profesores "se desnaturaliza".
Finalmente, Ribó ha constatado que hay "miedo entre los docentes, tanto en los más directamente implicados como en el colectivo en general, que sienten coartada su libertad de expresarse libremente en el aula y ejercer su derecho de cátedra".
