Las cuentas claras

Este viernes, y tras las informaciones que apuntan que Colau tiene previsto aplicar recortes presupuestarios en los próximos meses por no haber previsto una considerable reducción de ingresos de las arcas municipales en el último año, se celebrará un pleno extraordinario para aclarar la situación económica de Barcelona. Por eso es necesario poner luz y taquígrafos a la situación económica del Ayuntamiento de Barcelona y a la gestión del gobierno Colau.

Desde el PP pedimos la presentación de un informe por parte de Intervención y avalado por los Servicios Jurídicos municipales sobre el estado de la liquidación del presupuesto a 30 de junio. Es necesario conocer qué inversiones y gastos municipales presupuestados en 2018 se han tenido que paralizar y qué previsiones no se podrán realizar para 2019 debido a estos posibles cambios. Sin duda, Colau deberá confirmar en el pleno municipal si el consistorio se encuentra actualmente en números rojos, rompiendo con la tradicional solvencia de las arcas municipales de los últimos años.

Colau no solo rompe todo lo que toca, sino que además está tirando la Casa Gran por la ventana con una pésima gestión económica que puede afectar a la prestación de servicios municipales, a las inversiones en barrios, y a la atención a las personas. Es hora de que los barrios se subleven contra aquella alcaldesa que dijo que les iba a defender pero que luego se ha convertido en Colau manostijeras al recortar inversiones y servicios. Por este motivo, también pedimos plenos en todos los distritos para rendir cuentas de los posibles recortes en los barrios.

Tenemos que recordar que Colau ha tenido cómplices en la oposición (el PSC, ERC y el PDECat) con los que han acordado asumir gastos que competen a la Generalitat y que forman parte del pasivo oculto municipal, como los gastos de la L9 del Metro (34 milones); remunicipalizar servicios; el pago de guarderías (40 millones); o los informes referentes al tranvía (dos millones) que finalmente quedará en vía muerta.

Por eso, Colau debe ahora exigir a la Generalitat que inicie una hoja de ruta con prioridades barcelonesas y no independentistas, reclamando los 180 millones de euros de deuda que acumula la administración catalana con el Ayuntamiento; el bienestar de los barceloneses, especialmente de aquellos colectivos más vulnerables, depende de las infraestructuras de la Generalitat.

Algunos ejemplos: las 6.000 personas que esperan una plaza pública de residencia en Barcelona, los once colegios en barracones, o infraestructuras de transporte como la L9-L10 pendientes de ejecución.