UGT y CC.OO. se rinden al Gobierno y perfilan el fin de la minería

El preacuerdo suscrito entre el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, y los sindicatos mineros sienta discretamente las bases para una desaparición casi total del sector del carbón . Puede parecer que los agentes sociales claudican, resignados, ante los planes contrarios al carbón que defiende, desde hace años, la ahora ministra para la Transición Ecológica. Los representantes de Teresa Ribera habrían aprovechado, muy hábilmente, la debilidad y la sensación de pesimismo crónico que se ha instalado en unos territorios que, desde hace años, padecen la pérdida constante y continua de actividad económica, un cada vez más alarmante descenso de población y la total ausencia de expectativas en el horizonte. En esa situación, se antoja muy difícil movilizar a los pocos, poquísimos, mineros que quedan, apenas unas decenas. Y mucho menos a los habitantes de las cuencas, hastiados de reivindicaciones que no han tenido eco y que, luego, para más inri, se han utilizado como arma arrojadiza en el debate político, sin que, esos mismos políticos, hayan asumido compromisos de ayuda para sus pueblos.

Con ese panorama, se presenta ahora un documento, enunciado como «Preacuerdo para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras», aunque la ministra haya matizado que se trata de un «acuerdo, acuerdo importantísimo», dijo este miércoles en Onda Cero. Son dos páginas y media que dedican la mayor parte de la extensión a definir el plan social del que se beneficiarán los últimos mineros , cuando apaguen por última vez, la luz de sus cascos. Se aseguran generosas bajas indemnizadas y prejubilaciones de los mineros, a los 48 años . Supondrá la aplicación de las mejores condiciones posibles que ofrece el Régimen Especial de la Minería, una medida satisfactoria para los propios afectados, pero que ahonda en las mismas políticas de años anteriores, que han contribuido a la pérdida de empleo y de población.

Pero esos beneficios se limitan a los mineros que han cotizado como tales . Nada se dice de los trabajadores de las contratas, subcontratas y empresas auxiliares, que, en más de un caso, hacían el mismo trabajo de los mineros pero estaban adscritos a otro régimen en la Seguridad Social. Esa circunstancia provocó la falta de unanimidad entre los sindicatos, a la hora de firmar el acuerdo. Por un lado, Comisiones Obreras y UGT suscribieron el texto. En este sentido, el secretario sectorial minero de UGT FICA Castilla y León, Jorge Díez, reconoció que no se pudieron obtener todas las perspectivas con las que el sindicato acudía a la reunión, ya que pretendía clarificar que más allá de 2018 se siguiera quemando carbón.

Por el otro lado, dos delegados de USO , entre ellos, el representante de Castilla y León, se negaron a estampar sus firmas por ese «olvido» y por considerar que es un plan «hecho a medida de Hunosa», la empresa pública a la que se abren puertas para su continuidad. De hecho, en el documento se dice expresamente que la compañía estatal «por sus especiales características y su particular relevancia en el conjunto del sector estará sujeta a su propio Plan de Empresa».

El capítulo de la reactivación se resume en cuatro pu ntos. El primero habla de continuidad para las medidas de impulso económico , que han venido fracasando a un nivel general. Después, se anuncian programas de restauración de explotaciones abandonadas y de desarrollo de las energías renovables . Finalmente, en las dos últimas líneas, figura un compromiso de apoyo a las nuevas tecnologías , citando a la «Ciudad de la Energía» (Ciudén). No se hace mención a la continuidad de las centrales térmicas. Si acaso, un pequeño epígrafe, que se compromete a promover el uso de carbón autóctono, sin concretar más.