Universidades por doquier

Quizás pueda parecer exagerado el título de este artículo, pero es a la conclusión que uno llega cuando analiza el tema con detenimiento y ciertas dosis de sensatez. El manido tema del «mástergate» al que también han querido que afecte al abulense Pablo Casado sin mucha suerte -él sí ha presentado sus trabajos- ha sacado a la luz el papel de la universidad como fábrica, como industria, y no como centro del saber que debiera imponerse a criterios mercantilistas.

Sabido es que las universidades privadas, como empresas que son, necesitan aplicar criterios de rendimiento comercial y de autofinanciación por encima de todo. Las públicas, al menos, aunque no sean ajenas a la economía, tienen como último soporte vital las subvenciones de los organismos regionales públicos correspondientes; en nuestro caso a la Junta de Castilla y León.

En éstas estábamos cuando comprobamos que la expedición de títulos, sean del tipo que fueren: grados, másteres o doctorados pasan a ser productos de una industria intelectual en el que en última instancia lo que cuenta es la cantidad para garantizar un funcionamiento en detrimento de la calidad, que queda esta última dependiente del servicio de marketing correspondiente y de las relaciones públicas externas para crear marca y fijar alumnado en cada curso. No es de extrañar, por tanto, que en ese frenesí de titulitis se produzcan o bien fallos burocráticos de calado o rebajas en las exigencias mínimas requeridas por reglamento interno y externo.

Si atendemos además al conjunto de la población en Castilla y León, comprobaremos que el número de alumnos del terruño no casan con la amplia oferta de estudios universitarios, esto es, sobran plazas; por lo que sólo la calidad de algunas universidades las hacen acreedoras de un interés fuera de nuestras provincias. Aún así, el error radica en convertir la universidad en una empresa, cuando es una institución social de rol más elevado.