El Consejo de Dirección de Caja España, presidido por Santos Llamas, en 2010
El Consejo de Dirección de Caja España, presidido por Santos Llamas, en 2010 - ICAL
Economía

«Teníamos fe ciega en los directivos y nula capacidad para analizar nada»

Investigados por administración desleal, los exconsejeros de Caja España defenderán este lunes y martes su papel en el «caso Llamas»

ValladolidActualizado:

Han pasado ocho años desde que en febrero de 2009 el extinto Consejo de Administración de Caja España aprobara la refinanciación de la multimillonaria deuda del que entonces era su presidente, Santos Llamas, beneficiario de más de 60 millones de euros en créditos de la entidad para sus empresas. Por aquella decisión y después de que fueran llamados a declarar en 2015 y un error de forma evitara que pisaran los juzgados, hoy los exconsejeros tendrán finalmente que dar la cara y explicar ante el juez por qué y cómo dieron el visto bueno a una operación que, según se recoge en el sumario del caso, pudo causar unas pérdidas cercanas a los 30 millones de euros.

Investigados por un presunto delito de administración desleal, este lunes pasarán, entre otros, por el juzgado el exalcalde socialista de León, Francisco Fernández; el concejal capitalino, Francisco Javier García-Prieto (PP); el exalcalde de Medina de Rioseco, Artemio Domínguez, y el todavía consejero de Ceiss -fruto de la fusión entre España y Duero-, el catedrático de Economía Alejandro Menéndez. Mañana les tocará el turno al también socialista y catedrático Zenón Jimenéz-Ridruejo o al secretario general de Asaja, José Antonio Turrado. En total, 13 de los 14 exconsejeros que dieron su visto bueno a la refinanciación de los préstamos de Llamas realizarán hoy el «paseíllo» en León. De momento, el coordinador del PP, Fernando Martínez-Maíllo, seguirá a la espera de que se decida (o no) pedir el suplicatorio en su condición de aforado como diputado en el Congreso.

«A nadie le apetece»

Se prevé que todos ellos -y sus abogados- rechacen su responsabilidad, pidan el archivo de la causa y afirmen que únicamente cumplían las indicaciones del equipo directivo de la entidad, encargada de estudiar cada una de las operaciones y de entregar los informes -favorables o no- al Consejo para que éste generalmente los aceptara. Así lo explica a ABC José Antonio turrado. «Sereno» ante el «trance» de la declaración «aunque a nadie le apetece ir a los juzgados» y convencido de que el caso se debería haber «sobreseído», acusa en primer lugar al Banco de España de «hacer dejación de funciones en su día y buscar ahora un culpable», en referencia a un informe del regulador que cuestiona la actuación de los exconsejeros y que es una de las claves para que el caso siga adelante. Además, para el responsable de la organización agraria, tanto él como sus compañeros «seguíamos lo que nos decían los directivos, tanto en el caso de Santos Llamas como en cualquier otra empresa de tamaño similar». En su opinión, ninguno de los miembros del Consejo «teníamos capacidad para analizar todas las operaciones ni tiempo material para hacerlo porque lo despachábamos en tres minutos y no podíamos tener otro criterio que la fe ciega de un equipo que llevaba meses estudiando los temas y te prometía que lo que te decían era lo mejor para la entidad» por lo que «yo volvería a hacer lo que hice».

Recuerda al respecto que había doce directivos, de los que dos cobraban «800.000 euros al año y los otros díez no menos de 150.000». Además, rechaza que el Consejo quisiera «favorecer» a Llamas porque en aquel momento -2009- «ya había caído en desgracia».

Mientras, desde las acusaciones temen que los exconsejeros se limiten a responder a las preguntas de sus abogados y del juez. Así, el abogado de Ecologistas en Acción, Luis Oviedo -también está personado IU e Izquierda Abierta-, prevé que los investigados «vendrán a decirnos que los estudios de los servicios técnicos eran favorables y que votaron lo que les dijeron».

«Existen indicios»

Mientras, la juez, en uno de sus últimos autos, hacía hincapié en que los consejeros de la entidad «no tuvieron en cuenta las más elementales cautela en la políticas de riesgos de créditos», lo que provocó «un considerable y evaluable perjuicio». En coincidencia con la opinión del Ministerio Fiscal, mantiene que «existen indicios suficientes» para encuadrar los hechos «en un delito de administración desleal». La juez señalaba que el Consejo de Caja España, que «es el sujeto activo de este delito», «no tiene por qué asumir de forma pacífica lo que digan» los directivos.

La refinanciación investigada -continúa- «evitó la calificación como dudosos de los riesgos» de la operación, así como «el cese como presidente y consejero por incompatibilidad» de Llamas.