Economía
¿Quién se sentará en el banquillo de los acusados en el juicio de Caja Segovia?
La excúpula de la extinta entidad de ahorros segoviana será la primera en llegar ante la audiencia, el 22 de enero
Siete años han pasado desde que comenzó la pugna judicial para llevar al banquillo de los acusados a la excúpula de la extinta Caja Segovia por el caso de las millonarias prejubilaciones de las que se beneficiaron ocho de sus directivos en la recta final de la entidad de ahorro, justo antes de integrarse en Bankia. Pero ya hay fecha: el 22 de enero. Es el día en el que comenzará en la Audiencia Provincial de Segovia la vista oral que juzgará al que fuera presidente de Caja Segovia durante sus últimos 16 años, Atilano Soto, y Manuel Escribano, exdirector general, entre la docena de acusados.
Supondrá, además, la primera causa en Castilla y León contra los dirigentes de las desaparecidas cajas de ahorro que -salvo acuerdo de última hora- quede vista para sentencia, después de que otros procesos hayan logrado evitar el paseíllo, como en el caso de la hipoteca del Torreón, en el que un entendimiento entre las partes evitó el trago también a la excúpula de la entidad segoviana. También evitó el juicio por el «caso Nozal, el presidente de Caja Duero, Julio Fermoso. Pero hay otras causa abiertas que también pueden llevar al banquillo a quienes fueran los presidentes de Caja de Burgos, José María Arribas; Caja España, Santos Llamas, y Caja de Ávila, Agustín González.
El paso dado por la Audiencia Provincial de Segovia llega después de que el pasado enero la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y de lo Mercantil de Segovia, Silvia Conde García, dictase la apertura de juicio oral contra once personas y la entidad aseguradora Case.
La Fiscalía, retirada
Una decisión contra la que «no» cabía recurso, fijando fianzas millonarias -luego rebajadas del total de más de 51,5 millones de euros a 6,8- y que abocaba al banquillo a la excúpula de Caja Segovia pese a que la Fiscalía pidió el «sobreseimiento» de la causa. De hecho, sólo las acusaciones particulares y populares ejercidas por Izquierda Unidad, la Fundación Caja Segovia -heredera de la Obra Social de la entidad- y la Confederación Intersindical de Cajas han permitido este paso hasta ahora inédito en Castilla y León.
Desde IU, su abogado en esta causa, Alberto López Villa, afirmó que esto es algo que «estábamos esperando desde hace tiempo». Ahora confían en que «no prosperen las excepciones» que pidan las defensas para el archivo o posposición del juicio, pues coincidirá en parte con el que el 26 de noviembre arrancará en la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa de Bankia y que se prevé que se prolongue hasta junio.
«Parece que ya es inevitable» que se sienten en el banquillo y la Audiencia Provincial de Segovia tenga que «pronunciarse» en un sentido u otro, valoró el letrado. Desde Izquierda Unida confían en que el fallo será condenatorio, «sobre todo teniendo en cuenta la situación» de Caja Segovia, en el momento de aprobarse las millonarias prejubilaciones y planes de pensiones -en el Consejo de Administración celebrado el 22 de diciembre de 2010, justo antes de la integración de Caja Segovia en Bankia-, la situación de la entidad era de «absoluta ruina, pese a que ellos dicen que no», incidió ayer López Villa.
Los once acusados se enfrentan a penas de prisión que oscilan entre los tres y ocho años de cárcel, en función de la acusación, y no todos están acusados de los mismos delitos.
Dos bloques
Por un lado está el bloque integrado por Atilano Soto -que no percibió cantidad alguna por los conceptos que se juzgarán-; Manuel Escribano -se retiró de la entidad con una prejubilación de 5,6 millones de euros, la mayor cuantía dentro del paquete global de más de 17,19 millones, a los que añadir otro los 9,5 millones del plan de pensiones a partir del os 65 años-; Manuel Agudíez, vicepresidente primero y miembro del Comité de Retribuciones en aquel momento; Elena García Gil, exvicepresidenta segunda y miembro de la Comisión de Control; Antonio Luis Tapias, exsecretario general -se aprobó que recibiera 1,5 millones-, y Enrique Quintanilla, de Recursos Humanos -con una prejubilación de unos 1,8 millones de euros-. Los seis están acusados de delito de apropiación indebida agravada (por las elevadas cantidades de las que se habla) y otro de administración desleal.
Aunque Soto, Agudíez y García Gil no recibieron prejubilación alguna, están incluidos en el mismo bloque de acusados y se enfrentan a penas que van desde los tres años de prisión que pide para ellos la Fundación a los ocho que reclaman tanto IU como CIC. En el caso de Escribano, Tapias y Quintanilla, quienes sí cobraron, oscilan entre cuatro y nueve años.
El otro bloque de acusados los integran Miguel Ángel Sánchez Plaza, director de la entidad en su recta final; Óscar Varas, exdirector de Riesgos; Juan Magaña, miembro del Consejo de Dirección en aquel momento; Malaquías del Pozo, director de la Obra Social, y Juan Antonio Folgado. Son las otras cinco personas que, aunque no participaron en la toma de la decisión, sí recibieron prejubilaciones de mayor o menor cuantía y están acusados de un delito de participación por título lucrativo.
Unas decisiones y cobros que llevarán a once personas y Caser al banquillo a partir del 22 de eneros en un juicio para el que están fijadas otras seis sesiones los días 5, 6, 7, 12 y 14 de febrero, según la diligencia de la Audiencia Provincia de Segovia en la que se juzgarán los hechos.
