La ministra Ribera aplaza un año más los planes para las cuencas mineras

El Gobierno aplaza un año más, por lo menos, el desarrollo de proyectos alternativos en las viejas cuencas carboneras. Los llamados «convenios para la Transición Justa», destinados a crear empleos para compensar el cierre de minas y centrales térmicas, se firmarán entre mayo y septiembre de 2020 y el Ejecutivo asume, ya, que tampoco habrá «iniciativas estrellas». La reconversión de los territorios mineros tendrá que pasar por crear un «semillero» de actividades.

Un término usado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ayer, en su visita a la comarca leonesa del Bierzo, donde se reunió con representantes de los principales ayuntamientos mineros, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de León, Consejo Comarcal del Bierzo, sindicatos, empresarios y dirigentes del sector agrícola berciano. Estuvo acompañada por una amplísima delegación de la Administración General del Estado, con representantes de los Ministerios de Trabajo, Industria y Hacienda, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. Ahí, Teresa Ribera ratificó su anuncio del lunes en Asturias: que el Gobierno invertirá 600 millones de euros en los territorios afectados por el final del carbón.

En Castilla y León, se firmarán cuatro convenios específicos para el Bierzo; Laciana y Babia; y La Robla y la Pola de Gordón, en León; y Velilla-Guardo, en la provincia de Palencia. Será, dijo la ministra, «un reconocimiento a la contribución histórica de las cuencas», aunque reconoció que aún será necesario más tiempo. Como trabajo previo a la firma de esos convenios, se redactará un diagnóstico sobre la situación de cada zona, habrá que elaborar un análisis de oportunidades de los proyectos que sean más apropiados y, después, se abrirá un proceso participativo y «una vez se identifiquen propuestas, hay que ir evaluando su viabilidad económica y social, las necesidades de acompañamiento o la eliminación de las barreras donde existan». Ribera reconoció que no se podrá sustituir «una macroactividad como una central térmica por otra similar. Hay que ser humildes y crear una serie de actividades alternativas que permitan crear un ecosistema de muchas cosas, pensando en que uno más uno no son dos, sino cuatro o cinco. Hay que sumar todas las sinergias y no actuar cada uno por su lado». La ministra concluyó apuntando el posible éxito de iniciativas ligadas a sectores como la energía, la agroindustria o el ámbito de los Servicios. Y en ese escenario, apostilló, «la iniciativa pública tendrá un papel clave».

A más corto plazo, se mostró dispuesta a negociar con las comunidades autónomas el desarrollo de proyectos para la restauración ambiental de los espacios degradados por la actividad minera. En una primera fase, se prevé una inversión de 76 millones de euros, con la advertencia de que los avales que depositaron las empresas mineras apenas cubren el tres por ciento de ese coste. Por eso, advirtió que las autonomías también deberán hacer un desembolso importante, hasta completar el coste de esas iniciativas naturales.

Por último, la ministra aseguró que España «será tajante» para intentar que los futuros fondos europeos para afrontar una transición justa lleguen a territorios como Castilla y León o Aragón, que, si no cambia la redacción del texto propuesto por la Comisión Europea en Bruselas, quedarían al margen de esas ayudas, que se limitarían a los territorios en los que aún hoy haya minas de carbón activas. Teresa Ribera apuntó que no se entendería que se queden fuera del reparto.