Economía
Mayor gasto sanitario y ejecución desvían el déficit y obligan a un plan de ajuste
La Junta deberá fijar las medidas para volver a la senda del cumplimiento
Más de un tercio del presupuesto de la Junta de Castilla y León está destinado a Sanidad, y ni aún así fue suficiente en 2017 para cubrir las necesidades de una cartera con un «gasto estructural» difícil de contener. Ese desvío en las partidas para pagar las facturas sanitarias es el principal responsable del incumplimiento del objetivo de déficit en el que incurrió la Comunidad el pasado ejercicio. Alumna aventajada otros años y disciplinada con los mandatos que obligan a ceñirse a la regla de gasto que dicta intentar ajustar lo más posible los ingresos y gastos para no incurrir en desequilibrios, el pasado ejercicio la Junta se convirtió en una de las seis comunidades suspensas, al sobrepasar el tope de déficit marcado para las autonomías: -0,6 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB).
Las costuras del ceñido traje se saltaron al engordar el gasto en 541 millones más que los ingresos y desviar así el déficit hasta el -0,95 por ciento del PIB. Son 0,35 puntos más que el tope fijado que convierten a la Junta de Castilla y León a la segunda autonomía con peor nota, sólo por detrás de la Región de Murcia, donde el déficit se disparó hasta el -1,51 por ciento.
Un «suspenso» en la regla de gasto que obligará a la Junta de Castilla y León a hacer un plan de ajuste detallando las medidas que plantea para intentar volver a la senda del cumplimiento. Un documento que tendrá que reenviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como también lo ha hecho en los otros años en los que se ha desviado de las obligaciones. Así ocurrió en 2014 y 2013, cuando también sobrepasó los límites establecidos.
El mayor gasto en sanidad imposible de dejar de pagar y que los recursos procedentes de las arcas del Estado para financiar este capítulo -y el resto de servicios esenciales- no llegan están detrás en buena parte de ese desvío. De hecho, una de las quejas expresadas de nuevo por la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, al dar al conocer el desajuste fue dirigida a un modelo de financiación autonómica que a Castilla y León no gustó cuando nació en 2009 y que ha empeorado la valoración en su desarrollo. Las necesidades de gasto «no están atendidas en su justa medida» por el actual modelo, en el que la Comunidad «pierde financiación que no se justifica por la reducción de su peso relativo en términos de población equivalente», lamentó Del Olmo. También el hecho de haber abonado en 2017 facturas sanitarias pendientes de pago de 2016 ha contribuido a disparar el gasto en la cartera que dirige Antonio Sáez, la que «sobre todo» acapara ese desvío.
Aunque no es la única, pues también se incrementó algo más el gasto en Educación y en pagos de la PAC (Política Agraria Común).
Otro negativo dato
Otro factor que pesa para ese desajuste, aseguran desde Hacienda, es el hecho de que el año pasado ejecutó más del presupuesto. Se elevó un 97,7 por ciento, de media, entre el conjunto de capítulos que conforman las Cuentas. Fueron dos puntos más que en el ejercicio precedente (95,7 por ciento).
Así, la Junta de Castilla y León pasó en 2017 del «progresa adecuadamente» que logró en 2016, al «suspenso» y «necesita mejorar» del anterior ejercicio. Un dato de incumplimiento y obligación de tener que elaborar un plan de ajuste que acompañan al tampoco especialmente positivo guarismo que ha dejado el PIB. Con diferente resultado en función de si se toma el dato de la Contabilidad Regional de la Junta o el del INE (Instituto Nacional de Estadística), lo que comparten ambos es que son más bajos que en 2016. Un 2,5 creció la economía según la estadística regional, ocho décimas menos que en el ejercicio anterior, lastrada por la sequía y su negativo efecto en la producción de energía y la agricultura y la ganadería. Peor cifra arroja el INE, que rebajó hace unos días el crecimiento de Castilla y León al 1,9 por ciento, el segundo peor dato entre las comunidades y 1,2 puntos por debajo de la media de las autonomías.
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