Un guardia civil de Valladolid, entre los investigados por sumistrar anabolizantes a aficionados al fitness

La policía sospecha de que la mercancía la encargaba el agente para su distribución entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

ICAL

ABC

Un guardia civil de Valladolid destinado en un pueblo de la provincia de Zaragoza figura entre los dieciséis investigados por un Juzgado de la capital del Pisuerga como presuntos autores de delitos contra la salud pública y de pertenencia a grupo criminal, por distribuir medicamentos ilegales para mejorar las capacidades de los aficionados al fitness .

En la operación, que se desarrolló en el mes de diciembre y que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, se incautaron unas 25.000 dosis de sustancias anabolizantes, 700 gramos de hachís, 15 gramos de marihuana, 53 de cocaína, 24.000 euros en efectivo y diferentes dispositivos móviles y electrónicos, entre otros efectos.

Entre los investigados, según informan a Europa Press fuentes jurídicas, figura D.L, un agente vallisoletano de la Guardia Civil destinado en una localidad de la provincia de Zaragoza, cuyo nombre aparece en las escuchas telefónicas como persona que, supuestamente, hizo al menos un pedido de estos productos al monitor de gimnasio de Valladolid Manuel J.J, en cuyo domicilio éste había montado presuntamente un 'consultorio médico' para suministrar las sustancias, y que recibió el funcionario de la Benemérita en el propio cuartel donde presta servicio.

La policía sospecha de que la mercancía la encargaba el agente para su distribución a terceras personas, en concreto entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que tendrá posibilidad de aclarar el miembro del Instituto Armado el próximo día 28 de febrero, cuando responda por videoconferencia desde el Cuartel de la Guardia Civil en la capital maña a las preguntas que le serán formuladas, a partir de las 11.30 horas, desde el Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid.

Así, además de investigado por presunto delito contra la salud pública, en las pesquisas también se le atribuiría otro delito de omisión del deber de perseguir dicho delito, dada su condición de miembro de la Guardia Civil.

Para el día 28 de febrero están igualmente previstas otras cinco testificales, dos de ellas también por videoconferencia, así como otras seis más un día antes, el 27 de febrero, en todos los casos de las doce personas que figuran como investigadas y que se suman a otras cuatro que son las únicas que hasta la fecha pasaron a disposición judicial en diciembre y que, antes de quedar en libertad con cargos, se acogieron a su derecho de no declarar.

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