La Fiscalía recurrirá la sentencia que absolvió a De la Riva en el caso de las «confort letters»

La Fiscalía de Valladolid ha recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid en el «caso de la confort letters», por la que quedaron absuetos de todos los delitos que se les acusaba el exalcalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva y los exconcejales Alfredo Blanco y Manuel Sánchez. De la Riva estaba acusado de tres delitos de prevaricación y falsedad documental, por los que la Fiscalía pedía nueve años de cárcel y 27 de inhabilitación, y los concejales de tres delitos de prevaricación. La Fiscalía pidió en su día para De la Riva una pena total de nueve años de prisión y 33 de inhabilitación por tres delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa, mientras que el Consistorio, personado como acusación particular, solicitaba tres años de prisión.

En la sentencia, el tribunal argumentó que De la Riva no actuó con «malicia o con intención fraudulenta de alterar o mutar la verdad, es decir con dolo falsario en la firma de estos documentos; sino, más bien, con negligencia grave en la medida de que no se cercioró, pudiendo y debiendo hacerlo», y señaló que para la firma de las cartas de conformidad era preciso recabar autorización del Pleno de Ayuntamiento y la autorización del órgano de tutela de la Junta de Castilla y León en el supuesto de existir un Plan económico financiero aprobado o cuando el nivel de endeudamiento superara el 110 por ciento, lo que acaecía en las dos últimas cartas.

La Audiencia Provincial también reprochó al exalcalde que no siguiera el procedimiento legal en las cartas de conformidad. «Estimamos que actuó de forma claramente negligente, con alto grado de ligereza y despreocupación, pero no apreciamos datos que revelen una intención torticera de perjudicar deliberadamente al Ayuntamiento».

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid acordó la pasada semana no recurrir la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial en favor del exalcalde Francisco Javier León de la Riva. El alcalde, Óscar Puente, reconoció tras la la reunión que acuerdo se había adoptado tras un profundo debate con distintos puntos de vista, a la vez que argumentó que la decisión se toma en base a que los intereses municipales han quedado salvaguardados: «El Ayuntamiento ha hecho todo lo que estaba en su mano para defender sus intereses y, en todo, caso el interés propio de la comisión de un delito le corresponde al Ministerio Fiscal», sostuvo el primer edil.