La Fiscalía de Castilla y León pide medios asistenciales y «no sólo en horario de 8 a 3»
Solicita el «auxilio» de trabajadores sociales y psicólogos «de guardia» para proteger a las víctimas
«La Justicia no puede resolver todos los problemas. Puede proteger a las víctimas y sancionar a los culpables, pero no puede actuar sobre la situaciones personales, familiares s sociales». Así lo aseguró ayer en las Cortes la Fiscal Superior de la Comunidad, Lourdes Rodríguez Rey, en su comparecencia anual para presentar la memoria de 2018, un foro en el que aprovechó para reclamar una mayor colaboración con la administración autonómica que derive en la disposición de personal de los servicios sociales para dar la mejor atención a menores, mujeres maltratadas o personas con discapacidad, colectivos que requieren, a su juicio, un mayor acompañamiento que el de la ley en un proceso judicial.
Una filosofía que simplificó en que los fiscales «necesitamos auxilio de profesiones ajenas. Trabajadores sociales, psicólogos.., Ustedes los tienen», señaló Rodríguez Rey, quien apuntó que se está trabajando con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en esa dirección y que su meta es que esos «medios» asistenciales de los que disponen los servicios sociales de la comunidad se «engarcen» con los judiciales.
El punto de encuentro serían las unidades de valoración integral y las oficinas de atención a las víctimas dependientes del Ministerio de Justicia, y que incluyen a los damnificados por todo tipo de delitos, y a partir de las cuales cubrir las «carencias» que detecta en la atención a colectivos vulnerables. Y hacerlo 24 horas al días los 365 días al año y no sólo de lunes a viernes en horario de mañana. Hay juzgados de guardia y pidió que se establezcan también turnos de «guardia» en los servicios sociales, sobre todo en lo que respecta a los menores y las víctimas de violencia de género. «Echamos en falta medios y que no sean sólo de 8 a 3», señaló.
Así, consideró que aunque se ha «avanzado mucho» en violencia de género y destacó que el actual movimiento social y «ese basta ya» está siendo «muy importante» para las mujeres, hay carencias en el sistema como, entre otras cuestiones, el apoyo psicológico y social a las víctimas de malos tratos en el momento de la denuncia y la asistencia a jueces y fiscales para poder determinar el riesgo en el que se enfrentan las mujeres y los menores a su cargo y así «poder protegerles», una decisión que se tiene que tomar en las primeras horas del proceso. La fórmula para poder contar con esos medios de la administración la señaló en los recursos que se «están destinando» a la lucha contra esta lacra y que a los juzgados «no están llegando», aseguró.
Menores
En lo que respecta a los menores, puso el acento en la protección y asistencia que «va más allá de los juzgados», tanto cuando son víctimas como cuando son los autores de delitos. En este último supuesto ve necesario una mayor especialización ante casos de drogadicción, trastornos de conducta o patologías psiquiátricas, para los cuales reclamó un centro especializado.
También reclamó una mayor colaboración para abordar los procesos que afecten a personas con discapacidad o mayores, para lo que consideró positivo que psicólogos, trabajadores sociales y fiscales sigan una actuación que tienda a ser conjunta.
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