Las Cortes reclaman la continuidad de los centros de Educación Especial

Reclaman «diálogo» con las familias para decidir sobre el futuro de esta modalidad

Herrera, con miembros de las asociaciones de centros de Educación Especial F. HERAS

H. DÍAZ

Gracias a la educación especial un niño que llevaba doce años deambulando por los centros ordinarios llegó a aprender a leer. Con este gráfico ejemplo concluía el procurador de Ciudadanos David Castaño la defensa de la Proposición no de Ley presentada por su partido para reforzar el papel de estas instalaciones y solicitar al Gobierno de España garantizar su continuidad después de que la ministra de Educación Isabel Celaá avanzara la intención del Estado de convertirlos en «centros sectoriales de apoyo a la inclusión» y a la vez impulsar el progresivo trasvase de niños con necesidades especiales a escuelas ordinarias.

Con el conocimiento de causa que le otorga tener a dos niños escolarizados en un centro de educación especial, Castaño rogó que se tenga «tacto» en este asunto y subrayó la importancia del diálogo con las familias a la hora de diseñar el futuro de esta modalidad educativa en la que nunca se han sentido como un «gueto» ni quieren convertirse en él.

La iniciativa de Ciudadanos sumó el apoyo del Partido Popular, PSOE y Podemos -se abstuvo IU- pese a que la formación morada tachó la PNL de «oportunismo político» y a su defensor, David Castaño de «querer echar más leña al fuego» en lugar de trabajar por «reforzar el sistema público de educación ordinario». Quien, por contra, se manifestó totalmente de acuerdo con la proposición fue la viceportavoz del Grupo Popular, Isabel Blanco, quien quiso transmitir a las familias un «mensaje de tranquilidad»: «No apoyaremos el cierre de estos centros», sentenció, y declaró la necesidad de seguir avanzando en inclusión «pero desde la libertad de los padres a elegir la educación que entienden que es la más adecuada para sus hijos».

Situación «compleja»

Para el socialista Jesús Guerrero Arroyo se trata de una situación «compleja» y consideró un «enorme error» poner fechas concretas para la transformación de estos centros en referencia a la recomendación de la ONU de que estos itinerarios alternativos no se extiendan más allá de 2025. «No cabe imposición alguna a las familias. Son ellas las que mejor conocen la inclusión», sostuvo, al tiempo que defendió la necesidad de avanzar en la mayor dotación de medios para que los colegios ordinarios puedan recibir de manera adecuada a aquellos alumnos con necesidades especiales que así lo deseen El portavoz de la plataforma «Educación Inclusiva sí, Especial También», Mariano Luis, valoró la iniciativa de las Cortes aunque avanzó que continuarán con su lucha -esperan concentrar en Valladolid este sábado a más de 2.000 personas de toda España-: «Tememos que se vacíe de contenido la educación especial y que se termine trasladando a nuestros hijos a centros de referencia en otros sitios», señaló, al tiempo que manifestó su descontento porque se cuestione una educación que está «funcionando bien» y que fue creada hace 50 años «cuando las familias sentían que sus hijos estaban fuera del sistema educativo».

Luis insistió que el hecho de unas próximas elecciones no hace más que intensificar sus reivindicaciones pese a que ayer la ministra Celaá negara el cierre de estos centros porque «no sabemos quien vendrá y queremos que se nos tenga en cuenta».

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