Castilla y León restaura la ayuda por cuidados en el entorno familiar recortada en 2012
Un total de 25.000 dependientes y personas con discapacidad ahorrarán 3,8 millones con los nuevos precios y prestaciones
En 2012 en plena crisis económica los «recortes» no sortearon las subvenciones para personas con discapacidad y dependencia. «Lo entendimos necesario para mantener la estructura de prestación de servicios» y «fuimos solidarios con otros» sectores que «también lo estaban pasando mal», pero «exigimos el compromiso» de que cuando se dieras indicadores de recuperación debíamos ser uno de los «primeros» colectivos en «mejorar su situación». Así lo recordaba ayer el presidente de Cermi en Castilla y León, Francisco Sardón, quien celebró que más de seis años después se haya «cumplido» y devuelto a la posición inicial el importe de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, que se redujo entonces un 15 por ciento.
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La restauración de estas prestaciones es una de las seis mejoras contempladas en un acuerdo entre Cermi y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades firmado ayer que permite, en palabras de la responsable de esta cartera, Alicia García, «dar un nuevo salto en derechos y atención» a las personas con discapacidad y a la dependencia a través de reducciones en los precios públicos y la adaptación del sistema a la realidad actual. En total se prevé un ahorro de hasta 3,85 millones para los usuarios y, además, las medidas acarrearán un incremento del gasto de la Junta de 3,7 millones.
Flexibilización
Entre estas actuaciones destaca la referida a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. Se elimina totalmente la reducción que hizo Castilla y León del 15 por ciento en 2012 y que se empezó a contrarrestar el pasado año. Ya en este mes de enero una suma de 25.000 personas verán incrementada la cuantía que reciben por estas ayudas, lo cual implicará un desembolso extra para la Junta de 2,5 millones de euros.
En materia de dependencia se suman otras dos medidas que, en definitiva, hacen que el sistema sea más «flexible» y se adapte a la «casuística particular» de los usuarios, señaló Sardón. En concreto, se acordó el incremento del porcentaje del coste del servicio que asume la Junta en la prestación vinculada -ayuda a domicilio, centro de día, promoción de la autonomía personal-, lo cual reducirá en medio millón de euros la aportación de 4.000 usuarios; y mayores compatibilidades entre prestaciones.
El segundo punto se concreta en que a partir de este acuerdo las personas que no viven en residencia y sean beneficiarias de la prestación vinculada -que es compatible con la de cuidados en el entorno facilitar- podrán destinarla a cualquier servicio, frente a la limitación hacia la promoción y asistencia personal que existía hasta ahora. Cerca de 2.000 personas podrían beneficiarse de estas medidas, con un coste de 700.000 euros.
Estas mejoras en la normativa de dependencia serán publicadas el próximo jueves y tendrán efecto desde el día 1 de enero de 2019.
Reducción del copago de los centros de día
En lo que respecta a los precios públicos, se reduce un 20 por ciento el copago en los servicios de centro de día para personas con discapacidad y mayores que vivan solos y residan en sus casas sin cónyuge o pareja de hecho -1.500 beneficiarios ahorrarán 900.000 euros-; se elimina el factor del patrimonio y se reduce el cómputo por ingresos de trabajo al 70% a la hora de estimar las cuantías a abonar para evitar que «abandonen porque no les salga bien» -550 afectados por valor de 450.000 euros-; y se elevan las cantidades disponibles para actividades de integración social, estableciéndose un dinero para gastos personales para quienes viven en centros, que garantice su inserción social y hacer que la carencia de medios no sea una «barrera» -3.000 personas dejarán de desembolsar 2,5 millones-, explicó Alicia García.
