El expresidente de Caja Segovia, Atilano Soto, durante la vista oral, en el juzgado de Segovia
El expresidente de Caja Segovia, Atilano Soto, durante la vista oral, en el juzgado de Segovia - ICAL

Arranca el juicio de Caja Segovia: Exdirectivos de la entidad piden archivar la causa por falta de legitimación

La Audiencia de Segovia decidirá en una semana si continúa el proceso

SegoviaActualizado:

La falta de legitimación para la personación de la Fundación Caja Segovia como acusación particular ha sido el principal argumento de las defensas de los exdirectivos de Caja Segovia que este martes se han sentado en el banquillo como acusados de apropiación indebida y administración desleal por el caso de las prejubilaciones millonarias.

Pasadas las 9:45 horas ha comenzado la vista oral contra el expresidente Atilano Soto; el exvicepresidente Manuel Agudíez; la exvicepresidenta segunda Elena García Gil; el exdirector general Manuel Escribano; el exsecretario general Antonio Tapias, y el exresponsable de Recursos Humanos Enrique Quintanilla.

Todos ellos, junto a los exdirectivos Miguel Ángel Sánchez Plaza, Óscar Javier Varas, Juan Magaña, Malaquías del Pozo y José Antonio Folgado, así como la aseguradora Caser, han insistido durante la fase de presentación de cuestiones previas que la Fundación Caja Segovia «no ha podido demostrar el perjuicio» que le han causado la liquidación de estos contratos a través de las citadas prejubilaciones, que superan los 17 millones de euros, y que, por tanto, no puede personarse como acusación particular, informa Efe

Por eso, han pedido al magistrado que preside la sala, José Miguel García, y a los otros dos jueces que le acompañan en la causa un sobreseimiento que, a su juicio, está amparado en la doctrina Botín, ya que se trata de una entidad privada y el caso no cuenta con acusación particular, porque no está legitimada, ni tampoco con acusación por parte del Ministerio Fiscal.

Por su parte, los abogados de la acusación popular que representan IU y la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), así como el de la Fundación Caja Segovia han insistido en que la intención de los acusados es la de desviar la atención de lo verdaderamente importante, la comisión del delito.

En su opinión, incurrieron en apropiación indebida y administración desleal al desviar 17 millones de euros a la aseguradora Caser para financiar las prejubilaciones en un momento en el que la entidad bancaria se encontraba en «quiebra técnica».

Los tres magistrados de la Audiencia de Segovia decidirán en un auto, en el plazo de una semana, si continúa adelante el juicio de las prejubilaciones de Caja Segovia en febrero, al tener que resolver las múltiples cuestiones previas planteadas,