Archivado el «borrado» de informes en las ayudas al marido de Clemente

La juez no ve indicios de manipulación de documentos digitales sobre las ayudas a Patatas Meléndez

Javier Meléndez, en una imagen de archivo ICAL

ABC

El Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid ha archivado provisionalmente la investigación sobre la desaparición, denunciada por el Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl), de archivos digitales relativos a subvenciones concedidas a la sociedad Patatas Meléndez, propiedad de Javier Meléndez, marido de la exconsejera de Agricultura y exvicepresidenta de las Cortes, Silvia Clemente, para poner en marcha proyectos de investigación relacionados con el sector de la patata.

Fue Jorge Llorente, viceconsejero de Desarrollo Rural y director del Instituto Tecnológico Agrario con Milagros Marcos -sucesora de Clemente al frente de Agricultura-, quien denunció en la Fiscalía en 2018 que se había producido la manipulación de uno de los expedientes de la ayuda y que habían desaparecido de los archivos digitales el contrato inicial y el informe final del proyecto. La Fiscalía vio indicios de delito y decidió derivar el asunto al juzgado, que ahora lo ha sobreseído, según una información de El Norte de Castilla.

La Junta había denegado en 2017 el pago de casi 600.000 euros de una subvención de impulso a la agroalimentación al empresario patatero, ayuda a la que Meléndez accedió en 2009, cuando Silvia Clemente era titular de la Consejería de Agricultura.

El motivo de la retirada de la ayuda, según la Admnistración regional, fue que el desarrollo del proyecto subvencionado no concordaba con lo que se presentó inicialmente, y el informe final que certificaba los trabajos carecía de firmas y de registro oficial.

Ayuda retirada

El empresario solicitante pleiteó contra la Junta para cobrar la subvención que primero se le concedió y luego se le denegó, y fue durante el procedimiento contencioso administrativo, cuando el mismo recurrente solicitó una documentación sobre sus proyectos al Itacyl para aportarla al tribunal cuando se detectó que partes del expediente habían desaparecido y entonces el director del Instituto lo denunció en Fiscalía. Finalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) falló en contra de Meléndez en marzo, al considerar que se intentó «cobrar dos veces lo realizado una sola vez».

En la sentencia, que coincidió en el tiempo con la marcha de Silvia Clemente del Partido Popular y su presentación como candidata a las primarias de Ciudadanos, el TSJ decidió también remitir el asunto a la vía penal por entender que podría haber indicios de delito.

La resolución dio validez a los argumentos de la Junta respecto de que el proyecto del empresario patatero no se ejecutó por completo y en los términos prefijados respecto de actividades y costes que tenían que ser justificados, motivo por el que se le retiró la ayuda. Pero, además, el tribunal, una vez examinado el expediente, apreció indicios de «posible manipulación de documentos», por el que derivó el asunto al Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid, que ya seguía diligencias a instancias de la Fiscalía y a raíz de la denuncia realizada por el director del Itacyl.

Unas diligencias que ahora se han archivado de manera provisional al no poderse determinar, por el momento, la posible autoría del «borrado». El auto de la jueza puede ser recurrido.

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