Arahuetes: «Había oscurantismo en torno a las prejubilaciones»
El exalcalde de Segovia dice dudar sobre si los pagos a los directivos de la Caja fueron legales o no
El exalcalde de Segovia Pedro Arahuetes explicó ayer que dimitió del consejo de administración de Caja Segovia tras conocer los detalles de las prejubilaciones de los directivos, por el «oscurantismo» que había en este asunto. Arahuetes fue uno de los testigos que declaró en el juicio de las prejubilaciones de más de 17 millones de euros de Caja Segovia y tras comparecer ante el juez lo hizo ante los medios de comunicación, ante los que señaló que «no estaba de acuerdo con la forma en la que se llevó a cabo el plan de prejubilaciones».
En la misma línea, añadió que no quería formar parte de un órgano que no fuera «claro» y «transparente» y, por eso, después de que el director general presentara por primera vez las cantidades que cobrarían los directivos se marchó, informa Efe.
No obstante, aseguró que esto no tiene que ver con las decisiones que se tomaron puedan ser legales o no, algo que le corresponde al juez determinar. Otro de los asuntos en los que no se está insistiendo en este proceso judicial es el «engaño» que se produjo porque, tal y como expuso, Caja Segovia tenía unos beneficios entre 30 y 40 millones de euros anuales y «de la noche a la mañana», pasó a tener una deuda de 20.000 millones de euros en Bankia. Al respecto, tras señalar que es algo que «no he dejado de preguntarme», recordó que si se produjo la integración en Bankia era porque «la situación iba a ser mejor», pero no fue así y «nadie ha pedido responsabilidades de lo que pasó con esa fusión», ni tampoco sobre «quién se quedó el dinero», criticó. En cuanto al desarrollo del interrogatorio, aseguró que como letrado le sorprendió que las preguntas se repitieran tanto. Además, a su juicio, «sobran el 99% de los testigos» porque están consiguiendo es que «se repita lo mismo una y otra vez».
«Alarma social»
Mientras, el secretario general del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León y exconsejero de la entidad, Juan José Sanz Vitorio, aseguró que no duda de la legalidad del plan de prejubilaciones que se aplicó en Caja Segovia. Sin embargo, sí considera que tuvo un «perjuicio reputacional» para la entidad. Al respecto, señaló que manifestó su opinión a través de un comunicado, al no poder asistir al consejo de administración de 2011, en el que incidió en la necesidad de «reconsiderar» el plan de prejubilaciones, sin poner en duda su legalidad, porque existía un contexto de crisis económica y se estaba produciendo una situación de «alarma social».
Ante el juez detalló que no cree que este plan haya causado un «perjuicio económico relevante».
Por último, el presidente de la Fundación Caja Segovia, Javier Reguera, entidad que sostiene la acusación particular, aseguró en su declaración que el equipo directivo «no cumplió sus funciones de lealtad» con el Consejo. Reguera confirmó que, formando parte de Caja Segovia, firmó en 1995 el contrato del director general, Manuel Escribano, pero matizó que la retribución era «28 millones de las antiguas pesetas» y era «impensable que terminara cobrando más de 850.000 euros».
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