El TSJ anula las ayudas de la Junta a los jubilados para el copago de fármacos

Castilla y León pierde las ayudas a los pensionistas con rentas más bajas para hacer frente al copago farmacéutico, si bien es cierto que el único año en que se convocaron, en 2016, su acogida fue casi nula, ya que tan sólo hubo en toda la región 19 beneficiarios a los que se devolvió 226 euros, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad. El Boletín Oficial de la Comunidad publicó el martes la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula la orden de marzo de 2016 por la que se convocaban ayudas económicas «para facilitar la adherencia a los tratamientos con los productos farmacéuticos prescritos por los profesionales del Servicio Nacional de Salud». Dichas ayudas, convocadas por el departamento de Antonio Sáez Aguado, fueron la respuesta dada por la Junta cuando desde el Ministerio de Sanidad se acordó el llamado copago farmacéutico para los jubilados. Castilla y León habilitó entonces, en el marco del Diálogo Social, una linea de subvenciones dirigida a los jubilados con rentas más bajas, una medida que fue recurrida por el Estado al considerar que se invadían sus competencias. El alto tribunal falla ahora contra la orden que convoca las ayudas y contra la que fija las bases reguladoras de las mismas, de forma que ambas quedan anuladas. La Junta tenía todavía la opción del recurso de casación al que no ha acudido por lo que la sentencia ya es firme y, por lo tanto, una vez publicada en el Bocyl, supone la desaparición de las ayudas.

Lo cierto es que tras la polémica medida, que dio lugar al encontronazo competencial entre la Junta y el Estado, sólo ha producido la convocatoria de 2016 para devolver el copago farmacéutico realizado en 2015. El resultado fue que sólo hubo 19 pensionistas beneficiarios (ocho en León, dos en Palencia, otros tantos en Salamanca, uno en Soria, cuatro en Valladolid y dos en Zamora), sin que se registrara ninguno en las provincias de Burgos, Ávila y Segovia.

La escasa acogida de la medida interesó al Procurador del Común, quien emitió el pasado mes de julio una resolución, primero, para que se convoquen a la mayor brevedad posible las ayudas correspondientes a ese año y se las de una perioricidad anual y, segundo, para que se haga «una adecuada labor de difusión para que lleguen a conocimiento de todos los castellano y leoneses».

A tenor de la sentencia del TSJ de la Comunidad y casi un año después de la resolución del Alto Comisionado, no se podrán ejecutar dichas recomendaciones dado que no se producirán nuevas convocatorias.