Alquiler y facturas, el grueso de las ayudas de urgencia social de la Junta
El número de beneficiarios se reduce y en los seis primeros meses de este año llegaron a los 13.361
Parece que lo peor ha pasado y que los duros años de la crisis económica han quedado atrás. El número de beneficiarios de las ayudas de urgencia social de la Junta de Castilla y León ha descendido paulatinamente en los últimos tiempos y también lo ha hecho el número de prestaciones. Aún así, son los apoyos para poder pagar el alquiler y las facturas de suministros energéticos los que siguen centrando el grueso de las ayudas que, en el marco de la Red de protección a las familias, entrega el Gobierno autonómico con el fin de garantizar un hogar y unas mínimas condiciones de vida a los que continúan atravesando dificultades.
Y es que, aunque el temporal parece haberse alejado, en los primeros seis meses del año las personas en situación de emergencia social atendidas fueron 13.361 . Una cifra que parece apuntar a un pequeño incremento a final de año, quizá vinculado a la desaceleración económica que ya atraviesa la Comunidad. En 2018, los beneficiarios sumaron 26.146, unos 3.000 menos que en el año anterior, y continuaron con una tendencia a la baja después del aumento experimentado en 2016 -30.776-.
Caen también el número de prestaciones dedicadas a estas familias y, por lo tanto, los fondos que se destinan a ellas por parte de la administración regional. En 2017, fueron 11.300 el número de ayudas entregadas; en 2018, 10.100 y a lo largo del primer semestre alcanzaron las 5.100, mientras que el presupuesto ha bajado de los 6,3 millones de hace dos años a los 5,9 del ciclo pasado. Además, hasta el mes de julio, la Junta había desembolsado tres millones en este apartado.
Alimentos
Las ayudas para alimentación, que anteriormente suponían una parte importante en el total, se han reducido prácticamente a la mitad desde 2014 y son aquellas asociadas al pago del alquiler y las facturas las que suponen la mayoría de los fondos para situaciones de emergencia. Para abonar los suministros de luz, gas y agua se registraron en los primeros seis meses de 2019 más de 1.500 prestaciones para 4.000 personas atendidas, mientras que a lo largo de todo el año pasado la cifra se situó en algo más de 2.900 para unos 7.500 beneficiarios.
En cuanto a los apoyos para que las familias en dificultades puedan hacer frente al alquiler, hasta agosto se habían registrado 1.700 para casi 4.500 personas. Apenas ha descendido esta cifra en los dos últimos años: en 2017, fueron 3.405 las ayudas entregadas a 9.000 beneficiarios y en 2018 casi 3.200 para 8.455.
Son la alimentación y las ayudas para acondicionamiento de hogar y cuidados personales los que ocupan el siguiente escalón en cuanto al volumen de demanda. En ambos casos, las personas que requirieron de estos apoyos fueron 2.300 en el primer semestre -hace dos años, durante todo el ejercicio, se aproximaron a las 5.000-. Por último, el pago de las cuotas hipotecarias son los apoyos menos numerosos. En los seis primeros meses de este año se entregaron 145 a 378 personas.
Vivienda
Las organizaciones que trabajan día a día con las situaciones en riesgo de exclusión social sí han percibido cierta mejoría, pero coinciden en que la vivienda continúa siendo un problema importante para las familias que no consiguen llegar a fin de mes. «Los alquileres son cada vez más altos y los gastos energéticos siguen siendo un lastre impresionante» , señala la coordinadora de Cáritas en Castilla y León, María Jesús Díez. Es un asunto que ocupa gran parte de las economías familiares, pero en aquellas que disponen de menos recursos «se agudiza tremendamente». «Los salarios son precarios y los alquileres continúan creciendo», relata.
Pero lo peor es que la solución parece no llegar. «Todo lo relacionado con el gasto de la vivienda se ha enquistado, no mejora» . Entre los remedios a este difícil escenario podría estar fomentar el alquiler social, apunta.
Cruz Roja coincide con la visión que tiene la organización diocesana. «Es verdad que no hay un incremento en el número de las ayudas y estamos notando que hay menos demanda» , explica la coordinadora regional, Eva Fernández. Si bien, su principal preocupación está en que hay personas que están siendo atendidas desde que llegó la crisis y para ellos «es muy difícil» salir de ese agujero y ser «autónomos».
«Las ayudas vinculadas a la pobreza energética han sido siempre de las más numerosas», recalca, y todo lo relacionado con la vivienda es lo que más se solicita. Y es que, pese a la mejora de la situación, «la gente hace sus cálculos» y, aunque tengan unos pequeños ingresos, hay que decidir a qué se destinan. La mayoría de los demandantes de estas ayudas opta por dirigir sus escasos fondos a las necesidades más urgentes e inmediatas: la alimentación. Por eso, quizá, el mayor número de peticiones se centran en el alquiler y las facturas, algo que también es «fundamental», señala.
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