Medio Ambiente
La presión animalista ha logrado el rechazo de 13 granjas porcinas en Castilla-La Mancha
El sector dice que unos pocos, por ideología, malinforman a la gente y consiguen que los ayuntamientos se echen atrás
El sector del porcino está harto de la persecución que viene sufriendo por parte de los grupos animalistas . En los últimos meses, los ayuntamientos de Talavera de la Reina, Erustes, Los Cerralbos, Brihuega, Montealegre del Castillo y Almendros han rechazado 13 proyectos para instalar granjas en sus territorios presionados por una parte de los vecinos, que han recogido firmas en su contra.
La problemática es tal que el jueves se debatió en el Parlamento regional. Podemos hizo una propuesta para que el Gobierno que preside el socialista Emiliano García-Page, y del que ellos forman parte, deje de promover y apoyar económicamente la instalación o ampliación de esas granjas. La petición fue rechazada con los votos del PSOE y la abstención del PP.
« Los proyectos suelen ser bien acogidos por los alcaldes , que no ponen ninguna pega. Luego, cuando salen a exposición pública y se enteran los grupos animalistas, estos se dedican a ‘meter avispas’, como decimos nosotros, y, en cuanto se recogen firmas, los ayuntamientos suelen echarse para atrás», explica a ABC Tomás Recio, director gerente de Argapor CM, la Asociación Regional de Ganaderos de Porcino de Castilla-La Mancha.
Argapor CM publicó ayer un comunicado en el que niegan las acusaciones que se están vertiendo contra esas granjas. Para empezar, «las explotaciones porcinas no realizan ningún tipo de contaminación a las aguas. Los estiércoles líquidos llamados purines son almacenados en fosas o balsas totalmente impermeabilizadas y con sistemas de detección de fugas».
Además, dice la asociación, «la finalidad de la totalidad de estos estiércoles es la de servir de abono a nuestros campos, evitando la utilización de fertilizantes químicos». En cuanto al llamado «bienestar animal», expone que el ganadero es «el primer interesado en cumplir». «La normativa nos indica desde las características que tienen que tener las rejillas donde pisan los animales, hasta la superficie que tiene que tener cada animal según su peso», añade.
El sector se queja de «unos pocos que, por razones ideológicas, usan a la gente de nuestros pueblos para conseguir sus fines, y utilizando el desconocimiento que se tiene de nuestro sector, malinforman y promueven la acción del ‘firme aquí’» con todo el argumentario que pudimos escuchar en nuestras Cortes». Tomás Recio pone el ejemplo de Almendros, en Cuenca, donde «viven 260 personas y se recogieron 270 firmas; la mitad de ellas son de gente que no vive en el pueblo».
En Castilla-La Mancha hay 1.337 granjas de porcino , según los datos ofrecidos el jueves por el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo. También dijo que desde enero de 2016 se han recibido 47 proyectos y que algunos se han rechazado. Esos «algunos» son 13, más de una cuarta parte, según Argapor CM, que añade que estas presiones animalistas, a las que «Podemos les está dando cancha», se vienen produciendo desde mediados del año pasado.
Ampliar la distancia
El Gobierno regional, recordó el consejero en las Cortes, quiere cambiar la normativa para ampliar la distancia mínima a la que se deben instalar las granjas porcinas de los núcleos urbanos, que pasaría de un kilómetro a dos.
Mientras, el diputado socialista Emilio Sáez aseguró que el porcino genera unas 300.000 toneladas de carne al año y representa el 22 por ciento del sector primario en la región. Las explotaciones dan trabajo a 6.000 personas de manera directa, además de empleos indirectos, como los relacionados con la producción de piensos, los veterinarios, mataderos o transportistas de los animales.
Para el sector, «una instalación de ganadería porcina intensiva es una actividad respetable totalmente con el medio ambiente, con los animales, y que permite el desarrollo rural, dar empleo y fijar población en las zonas rurales». Por último, Argapor CM asegura que «se van a iniciar acciones judiciales contra los ayuntamientos que se están retractando de lo que inicialmente han concedido».
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