Legislar, ¿para qué?

Una gran mayoría de ciudadanos españoles están reclamando agilidad y eficacia para afrontar los graves problemas que impone la delincuencia. Hay señales de alarma que informan sobre la urgencia de tomar medidas. Las normas penales y procesales se muestran incapaces de garantizar la seguridad de potenciales víctimas, y lo que es peor, de quienes han sufrido el delito. Alguien decidió controlar la población penitenciaria dejando a muchos condenados en la calle, favoreciendo el modo de obviar su ingreso o una salida en libertad prematura. Probablemente, haya más condenados cumpliendo penas en casa que en prisión. A pesar de eso, el legislador español fue capaz de crear normas para ejemplo del mundo, como las antiterroristas, pero se quedó corto en el tratamiento de la delincuencia organizada. Alguien ha dicho que nos se trata de condenar, sino de asegurar la protección de los derechos de quienes sufren sus delitos, lo que obliga a que permanezcan entre rejas la mayor parte de los condenados, especialmente los profesionales.

Es un fracaso del sistema cuando no juzga o condena el comportamiento tipificado en el Código Penal por considerarse complicado completar los requisitos que se exigen o, sencillamente, por la complejidad o dedicación que precisa su acusación. No se trata de investigación y detener, que para eso está la Policía, sino de acusar y proponer penas para que sean ingresados en prisión los profesionales del delito, donde deberían estar todos, y mucho más tiempo.

Cometer un delito en cuadrilla suponía una agravante de la pena. No era mucho, pero estaba para aplicarla. Ese concepto, hace unos años, nació en forma de grupo criminal. Más de dos personas concertadas para desarrollar su actividad delictiva. Es un delito independiente. El legislador, con sentido de la realidad, consideraba que era preciso castigar más a los profesionales. Un tipo legal que no exigía todos los requisitos de la organización criminal.

Podría ser castigado más gravemente formar parte de un grupo organizado que por los delitos cometidos. Pero, por alguna razón, ese delito tiene poco éxito. Habría que conocer las razones de su reducida aplicación cuando podría ser muy eficaz. Nuestra sociedad necesita, implora, reclama, exige recursos legales más ágiles y resolutivos para defenderse del delito. Hay que dotarse de instrumentos para prevenir, legalmente, tanta desgracia.

Si propiciamos la prisión preventiva sistemática a los delitos cometidos por profesionales; condenamos y hacemos cumplir las penas en prisión, no hay duda que mejorará nuestras vidas. No hay que temer el construir más instalaciones adecuadas, con más profesionales que custodien a seres antisociales. Se trata de legislar para hacer cumplir las leyes y permitir el libre ejercicio de los derechos de unos ciudadanos preocupados, y con razón.

José Francisco Roldán Pastor, comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía