«Con las cuentas de 2017 devolvemos al ciudadano los impuestos que paga»

El pasado martes, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobaba el proyecto de Presupuestos para el año 2017, la segunda anualidad que prepara el Ejecutivo de Emiliano García-Page y que ha tenido más dificultades que la de 2016 por las circunstancias políticas tanto de la región como de la nación. Sin embargo, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, se muestra satisfecho de los resultados y asegura que están hechos «con alma y con cabeza». En esta entrevista analiza las principales características de la política de gastos e ingresos para este ejercicio.

—¿La elaboración del presupuesto ha sido más difícil este año por las condiciones que imponía Podemos?

—Este presupuesto, a diferencia del año pasado, ha tenido otro problema adicional: la falta de definición de los objetivos de déficit de 2016 y 2017 por parte del Gobierno de Rajoy.

Yo tenía prisa por aprobar el presupuesto, como no podía ser de otra manera en un consejero de Hacienda, y por eso en septiembre aprobamos el techo de gasto. Fuimos de las primeras comunidades autónomas en hacerlo. Me entrevisté con el Ministerio de Hacienda y me dijeron que no debía presentar el presupuesto hasta que no tuviéramos fijado esos objetivos. A eso se sumó la ruptura o el enfado que tenía Podemos con nosotros, con lo cual, aunque Podemos hubiera querido negociar el presupuesto -aunque es verdad que durante esos meses hemos estado enseñándoselo-, no hubiéramos podido presentarlo hasta que no tener el objetivo de déficit fijado para el 2017, que fue cuando se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

—¿La obligación de incluir el Plan de Garantías Ciudadanas retrasó aún más su aprobación?

—Podemos tenía especial interés en el Plan de Garantías Ciudadanas; nos lo presentó, nos pareció bien y lo hemos considerado como propio del Gobierno y lo hemos metido en el presupuesto. Es la fijación de una serie de partidas que estaban en el presupuesto, no es una implementación del gasto, lo único que hacemos es redireccionarlas hacia el cumplimiento de los objetivos que están en ese plan de garantías; no hemos inventado nada, sino que con el dinero que había lo hemos adecuado para que podamos cumplir con ese plan.

—¿Cuál ha sido la mayor dificultad para conseguir el visto bueno de Podemos?

—Que hemos incluido partidas que el Gobierno regional no tenía previsto. Ha sido la mayor discusión. Habíamos valorado que ese plan podía estar en torno a los cien millones de euros y de la discusión mantenida lo hemos ido elevando hasta los 120 millones

—Entonces, ¿cómo afectarán esos 120 millones al resto del presupuesto? ¿Se recortará de algún otro sitio?

—No, esas partidas estaban diseminadas a lo largo de varias consejerías; lo que hacemos es meterlas en un cajoncito para el cumplimiento de ese plan. Participan Servicios Sociales con 26 millones que ya tenían con el Ingreso Mínimo de Solidaridad; Empleo, a través de los Planes Extraordinarios, porque a la gente que está en una situación más desfavorable se les facilita la posibilidad de participar en planes de empleo; Educación, con las becas de comedores y Vivienda. Estas partidas ya existían, lo que hacemos es apartarlas y ponerlas al servicio del Plan.

—Pues después de tantos meses dando vueltas con el Plan, parece que no ha sido tan difícil incluirlo.

—Bueno, hasta que le hemos dado forma. El año pasado fue con el Plan de Emergencia Ciudadana. Estamos diciendo que con determinadas partidas, en las que ya nos venimos gastando el dinero, vamos a dar un tratamiento especial, como ser más ágiles en la gestión de los recursos destinados a emergencia ciudadana, garantizar que los tiempos de tramitación sean menores o que las partidas no se reduzcan. Ahora es un nuevo paquete de garantías que va a culminar en 2018 con la aprobación de la ley del Plan de Garantías.

—¿Es viable esa ley?

—Se pretende aprobar en 2018, veremos cómo funciona en 2017, porque lleva consigo determinadas adaptaciones informáticas, con una base única; habrá que ver si con las cuantías de este año damos satisfacción a los objetivos que queremos cumplir; tramitar una ley de estas características tiene unos plazos largos.

—¿Qué otras leyes se tramitarán a lo largo de este año?

—Tenemos prevista la Ley de Cámara de Cuentas, equivalente a la Sindicatura. Ya tenemos un borrador bastante avanzado.

—¿Con el mismo síndico?

—No, además queremos que sea colegial. Estamos matizando diferentes elementos. Defiendo que nos debe auditar alguien de aquí, del terreno. Creo que fue un error eliminarlo, porque era mucho más ágil que lo que puede ser el Tribunal de Cuentas, y desde luego, la cercanía siempre es positiva no solo a la hora de auditar, fiscalizar o sacar los fallos que cometemos, sino a la hora de colaborar y aportar mejoras a una gestión financiera tan grande como es la de la Junta.

—Precisamente el sindicato CSI.F ha criticado que se vaya a recuperar esta entidad y el CES por la duplicidad del gasto y las funciones.

—No deja de ser una opinión.

—¿Antes del verano habrá Cámara de Cuentas?

—Lo antes posible, cuando despeje tres dudas que tengo.

—¿También el CES?

—Sobre el CES aún no hay fecha.

—¿Ha habido algunos temas inasumibles que haya pedido Podemos?

—Con Podemos nos une más de lo que nos separa y como las prioridades del Gobierno son el incremento de todas las partidas relacionadas con el Estado del Bienestar, es muy difícil que no coincidamos en ello. Por eso, en el presupuesto de 2017 el gasto social representa el 70% del gasto no financiero, que son algo más de 5.000 millones, los 2.000 millones restantes es lo que destinamos a las partidas relacionadas con el desarrollo económico, el medio rural y las que tienen por objeto incentivar la inversión empresarial.

—¿Y las inversiones?

—Se incrementa notablemente el capítulo de inversiones, que crece el 21%, y cumplimos dos objetivos a la vez; por un lado, dotamos a los servicios públicos fundamentales, porque la mayor parte del incremento de las inversiones va dirigido a infraestructuras de carácter social, fundamentalmente en Educación y Sanidad. En Educación pondremos en marcha el plan de nuevos centros y la eliminación de barracones; en Sanidad, hemos incrementado considerablemente las inversiones porque no solamente vamos a hacer frente a las infraestructuras hospitalarias, iniciaremos un plan de centros de salud y la renovación tecnológica. Al mismo tiempo estamos inyectando del orden de 180 millones de euros al servicio de la generación de empleo, porque la inversión pública es generadora de empleo.

—Se espera que en abril esté aprobado el presupuesto. ¿Puede haber alguna complicación?

—La única complicación es la enmienda a la totalidad que anunció el Partido Popular. Tengo que decir como crítica que la ha anunciado antes de conocer los presupuestos. Los tendremos aprobados entre finales de marzo y principios de abril.

—Supongo que es coherente la enmienda a la totalidad del PP teniendo en cuenta que considera que todo ha sido un «paripé» del Gobierno y Podemos en las negociaciones.

—No hay que preocuparse tanto en cómo se ha llegado a ese presupuesto, sino en el presupuesto en sí.

—¿Cómo es posible que haya más ingresos que gastos si no hay subida de impuestos?

—Un 60% de nuestros ingresos procede del Sistema de Financiación Autonómica y en función del ciclo económico hemos previsto un incremento de la recaudación por el Impuesto de la Renta, el de Sociedades y el del Valor Añadido, que es de donde nos nutrimos. Las cifras nos las comunican oficialmente desde el Ministerio de Hacienda. He criticado al ministro Montoro por no darnos las cifras, por lo que son estimaciones hechas por los técnicos de Hacienda. Es verdad que se las enseñé al Ministerio y les parecieron bastante correctas y nos vamos a manejar con ellas; si estamos estimando un crecimiento de la economía, hay una correlación entre las tasas de crecimiento y la recaudación.

—Pero el año que viene sí que subirán los impuestos

—El año pasado no subieron; lo que hicimos fue eliminar tasas y modificar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones al objeto de que en lugar de que pagáramos todos cuando recibíamos una donación o una herencia, fuera el 98% de los contribuyentes quienes no tuvieran que pagar. No se puede hablar de una subida sino de una mejor redistribución de la carga tributaria para que los que menos cuantía recibían en concepto de herencia no pagaran nada y los que recibían grandes herencias pagaran algo más. Este año no hemos hecho absolutamente nada, hemos congelado la presión fiscal.

—Insisto. ¿Y en 2018?

—Para el 2018, modificar los tributos estará en función de cómo evolucione la negociación del nuevo sistema de financiación. En la última Conferencia de Presidentes se puso sobre la mesa que hay que establecer unos niveles mínimos y máximos en relación con los tributos cedidos, porque nos estamos haciendo competencia desleal entre unas comunidades y otras. Castilla-La Mancha sufre la competencia de Madrid, que tiene un potencial recaudatorio mucho mayor que el nuestro y se puede permitir determinadas licencias en materia tributaria. Hablar de 2018 me parece un poco precipitado hasta que no veamos cómo evoluciona esa negociación del sistema. Por otra parte se está planteando si modificar o alterar el Impuesto sobre la Renta o sobre el Patrimonio. Está todo en movimiento para aventurarnos a decir qué vamos a hacer en 2018. Es verdad que hay un compromiso con Podemos de no subir los impuestos, sino redistribuir la carga tributaria.