El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, llega a la sala de prensa del Palacio de Fuensalida
El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, llega a la sala de prensa del Palacio de Fuensalida - JCCM

Los cargos del Gobierno de Castilla-La Mancha deberán ser más transparentes

Se ha aprobado un nuevo modelo de declaración de bienes y la publicación de los currículos

ToledoActualizado:

La legislatura llega a su fin y este martes, un día antes de que se constituyan las Cortes de Castilla-La Mancha, ha tenido lugar el último Consejo de Gobierno. Tras la reunión en el Palacio de Fuensalida, ha sido el vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, el que ha dado a conocer los últimos acuerdos adoptados.

En concreto, el Consejo de Gobierno ha aprobado dos cuestiones que vienen a cerrar las políticas desarrolladas durante esta legislatura en materia de transparencia y buen gobierno. Así, el vicepresidente primero de la Junta ha recordado que ya el 15 de diciembre de 2016 se aprobó la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, algo que ahora se completa con varias novedades.

«Los dos acuerdos aprobados sirven para incrementar más la transparencia en el Gobierno de Castilla-La Mancha», ha afirmado Martínez Guijarro, quien se ha referido, en primer lugar, al nuevo modelo de declaración de bienes, rentas y actividades de los gestores públicos. Esta normativa incluye algunas novedades a sugerencia del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, adaptándose a la regulación fiscal.

Entre las novedades de este nuevo modelo de declaración de bienes, rentas y actividades, todos los nuevos cargos de la Junta de Comunidades estarán obligados a dar a conocer todos sus ingresos íntegros, así como las retenciones y las cotizaciones a la Seguridad Social. Además, tendrán que declarar las donaciones que hagan a todas las entidades sin ánimo de lucro

Otra de las novedades que incluye este nuevo modelo, ha explicado el vicepresidente primero del Gobierno regional, es la obligación de declarar todos los bienes de las sociedades patrimoniales que pertenezcan a los gestores públicos. También habrá una distinción entre las acciones y las participaciones que tengan de una empresa, diferenciando entre las que cotizan en bolsa y las que no.

En su opinión, «este nuevo modelo de declaración de bienes, rentas y actividades es el más completo de todos los utilizados por los gobiernos autonómicos y por el Congreso de los Diputados. Una vez más, Castilla-La Mancha se coloca a la vanguardia en materia de transparencia».

Currículo académico y profesional

Por otro lado, y también relacionado con las políticas de transparencia, el Consejo de Gobierno ha aprobado otro acuerdo por el que se aprueba la estructura, el contenido y la publicación del currículo académico y profesional de los altos cargos.

Según ha afirmado el vicepresidente primero, el Gobierno de Castilla-La Mancha es el primero que establece una regulación específica del currículo académico y profesional de sus altos cargos «en su política de máximo compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ante los ciudadanos».

Este acuerdo contempla una distinción entre los títulos oficialmente reconocidos e incorporados en un archivo que gestiona el Ministerio con competencias en materia de educación y universidades con los títulos que no tienen la consideración de título oficial pero que pueden estar expedidos por universidades públicas o privadas como títulos propios de las mismas.

Igualmente, se plantea una distinción entre el currículo profesional y el currículo político de los altos cargos, distinguiendo los puestos de responsabilidad en los empleos que haya podido tener en empresas privadas o públicas con anterioridad a la toma de posesión como alto cargo con los puestos de representación que haya podido tener en distintas instituciones municipales, regionales o nacionales así como puestos de responsabilidad que haya ostentado en las formaciones políticas o cualquier otras entidades sin ánimo de lucro.

«Somos la primera comunidad autónoma que regula de manera oficial cómo se tiene que publicar el currículo de los altos cargos y se le encomienda a la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno la comprobación de los datos que se aportan por parte de la persona que ocupa el cargo público», ha concluido Martínez Guijarro.