La compleja ecuación de Canarias con sus interinos

Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: Guardar
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El 30% de los empleados públicos en Canarias son interinos, ha informado este martes el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, quien ha lamentado que este «elevadísimo» ratio se prolongue, incluso, durante décadas.

Esta sitiuación afecta a tres áreas sensibles: educación, justicia y sanidad. Comisiones Obreras ha pedido al Gobierno de Canarias «voluntad política» para que su inversión en la educación pública no universitaria alcance a lo largo de este mandato el 5 % del PIB regional, tal como establece la Ley Canaria de Educación, entre otras peticiones.

ANPE Canarias demanda a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno regional que fije un calendario de negociación que permita un diálogo fluido con los representantes de los trabajadores. También exigirá a la Administración que rectifique y deje de retrasar el alta en la Seguridad Social a los interinos y funcionarios de prácticas --que este curso fueron incorporados al sistema un día después del inicio de curso oficial (el 2 de septiembre era domingo)-- y que no exija informes médicos a los funcionarios interinos que estuvieron de baja el curso anterior.

Julio Pérez, que ha comparecido en comisión parlamentaria para hablar de los objetivos, plan de trabajo y agenda legislativa de su Consejería a petición propia y de los grupos Nacionalista, Sí Podemos Canarias, Socialista Canario y Nueva Canarias, ha admitido que «con un 30% de interinidad nadie hace nada bien» y ha precisado que no todas las situaciones de interinidad son anómalas

Para corregir esta situación, el Gobierno ha abogado por llevar a cabo «procesos de consolidación del empleo público» pues, ha agregado, la calidad del empleo público condiciona la calidad del servicio público y la administración en Canarias, donde ha detallado que hay en torno a 74.000 empleados públicos de los que un 30% son interinos, según estimaciones del propio Ejecutivo.

Además, ha afirmado que es posible que llegue el dinero de la deuda de carreteras a Canarias y que «no haya gente», es decir empleados públicos, que puedan ejecutar las obras y ha avanzado que las oposiciones que se paralizaron en verano continúan y que en «un par de meses» espera que comiencen estos procesos.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha insistido en simplificar la relación de puestos de trabajo en el que ahora tardan hasta un año en ponerse de acuerdo con los sindicatos. En su opinión, la necesidad de revisar la situación del empleo público es «notoria» y hay que hacerlo «con urgencia y templanza», ha añadido Pérez, quien ha alertado de que en los próximos años se jubilarán la mitad de los funcionarios.

Esta situación deriva en «un problema de reposición» que hay que hacer frente con la convocatoria de oposiciones, ha señalado el consejero, quien cree que también es importante retener el conocimiento en la administración pública. Según el consejero, su área necesita un impulso en la estabilidad de su propia estructura y personal, que debe actualizarse de forma permanente, y también avanzar hacia la digitalización, sobre todo, en los procesos internos para acabar con «montañas de papel».

La transparencia es otro de los retos de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que se ha propuesto mediar y evaluar toda sus acciones, como el tiempo que se tarda en pagar a los proveedores o el número de interinos que hay. También el Gobierno quiere «reforzar y extender» sus relaciones con el Parlamento pues, según Pérez, «ninguna labor del gobierno es más importante que someterse al control parlamentario».