La autopsia financiera a Miguel Ángel Ramírez
Esto es lo que dice la Fiscalía por las cuentas de Seguridad Integral Canaria y la Unión Deportiva Las Palmas: un vaciado superior 37 millones de euros
Las autoridades judiciales canarias han acabado de analizar este mes de marzo las conclusiones sobre la venta de acciones de la que era titular Seguridad Integral Canaria (SIC) en Unión Deportiva Las Palmas. Era para buscar dinero con el que hacer frente a sus deudas.
El escrito de la Fiscalía de Las Palmas remitido a la juez que instruye apunta, entre otros, que se instó el embargo con fecha nueve de noviembre de 2017 sobre SIC en Union Deportiva Las Palmas y no se pudo ejecutar porque fueron vendidas a Miguel Ángel Ramírez, presidente de ambas. Una juez de la ciudad de Las Palmas ha hecho suya la investigación y ha procedido a activar la maquinaria para presentar cargos por presunto fraude contable.
Cuando ABC adelantó esta situación en ese periodo SIC llamó al periódico para enarbolar una «bandera falsa» y decir que era informacón tóxica . Los datos de la Fiscalía de Canarias corroboran lo que adelantó este periódico en 2017: La íntima relación en toda la galaxia contable que rodea a SIC, Unión Deportiva Las Palmas y las marcas blancas que aparecieron a rescatar el desequilibrio contable de la red que, presuntamente, amañaba cuentas para camuflar el desguace de la matriz.
En aquel periodo un letrado gestor de concursales y presunto proveedor de servicios del entorno de los acusados, que se llama José Luis Cárdenes, acusó a este periódico en Ser Las Palmas de estar mintiendo a la opinión pública.
De acuerdo con el texto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso ABC, se afirma, literalmente, esto: «Para fundamentar aún más el negocio ficticio empleado para evitar el embargo, se señala que a pese a esa venta, SIC no percibió dinero alguno como contraprestación, y para ello se recurrió a intentar justificar un crédito a favor de Miguel Ángel Ramírez con SIC, de algo más de 200.000 euros que había prestado a la tesorería de la sociedad».
Sin embargo, Ramírez «adeudaba» a la entidad dos millones de euros. Que estaba aplazado su pago hasta 2035 «obteniéndose con esa actuación contable, lograr evitar que se descubriera la deuda».
En la autopsia hecha por la Fiscalía de Las Palmas, Sinergias de Seguridad acordó, a su vez, comprar la cartera de negocio de Seguridad Integral Canaria por 37,4 millones de euros financiado de esta forma: 60 cuotas de 624.000 euros mensuales a pagar los cinco primeros día de cada mes.
