Dos alcaldes canarios del PP y cinco funcionarios niegan ser parte de la red corrupta «Faycan», en Telde

Veinte de los 28 procesados en el « caso Faycán » han reconocido este lunes ante la Audiencia de Las Palmas que participaron en una trama corrupta que cobró comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) para lograr fondos que financiaron al PP de la ciudad y enriquecieron a varios de ellos.

Esos veinte acusados han comunicado al tribunal durante la primera sesión del juicio que son ciertos los cargos que dirige contra ellos la Fiscalía (cohecho, prevaricación y blanqueo, entre otros delitos) y que aceptan las condenas que el Ministerio Público les reclama, rebajadas ahora a un máximo de dos años de cárcel por la aplicación de las atenuantes de colaboración con la Justicia y dilaciones indebidas. Algunos de ellos se exponían a siete años.

Los otros ocho procesados no aceptan las imputaciones del fiscal y defienden su inocencia: se trata de los exalcaldes Francisco Agustín Valido y María del Carmen Castellano (ambos del PP); el exconcejal de Ordenación Territorial Agustín León (Ciuca); los funcionarios Esteban Cabrera, Juan Felipe Cabrera, Emilio Hernández y José Luis Mena; y el empresario Domingo Juan Campos.

La vista oral continuará solo para ellos, ya que el tribunal ha decidido que las otras 20 personas que se sentaban hasta este lunes el banquillo declaren solo como testigos , sin letrados que les asistan, y que, en consecuencia, se replantee el calendario del juicio, que inicialmente se iba a prolongar unos cinco meses.

Sin embargo, la Fiscalía cuenta desde este momento con confesiones clave que apuntalan su relato de hechos, entre ellas la del interventor del Ayuntamiento Enrique Orts y el concejal de Hacienda en aquellos años (2003-2007), Carmelo Oliva (PP) , a los que sitúa entre los promotores de la trama corrupta que «con el pretexto de financiar al PP en Telde, decide organizar un sistema de obtención ilícita de fondos, utilizando a tal fin los cargos que ostentaban en la citada corporación local».

También dispone de la confesión de otra miembro de aquel gobierno local, la concejala de Aguas, Candelaria Sánchez (Ciuca) ; y de directivos de empresas que admiten que pagaron sobornos a cambio de obtener contratos del Consistorio, como Antonio Nadal y Juan Francisco Gordillo (de Cobra y Moncobra), Alejandro Navarro (de la constructora Mazzoti), Pedro Antonio Betancor (de Cementos Las Torres), Abelardo Martínez (Dragados), Ángel Omar Suárez (Planes, Gestión y Construcciones y Patrimonial Pacific) o José Manuel Gutiérrez (Preconte).