Una abogada canaria, activista con inmigrantes en EE.UU., pide no ser deportada

Esperanza Franco era activista de apoyo a irregulares en España antes de emigrar por estudios. Afirma que se siente traicionada por la hipocresía de la ONG en la que trabajaba en la ciudad de Tucson

Esperanza Franco ABC

R,L,P.

Se llama Esperanza Franco y es una abogada de Canarias. Antes de llegar a Estados Unidos, estaba en las islas y Península, donde estudió, realizando programas de voluntariado social y acciones de activismo para defender los intereses de inmigrantes como subsaharianos y de América que llegaban en cayucos, pateras y aviones a nuestro país.

Franco, que tiene 28 años, ahora vive al borde de la ilegalidad en Arizona y las autoridades norteamericanas le han dicho que tiene unos pocos meses para evitar abandonar Estados Unidos de forma forzosa.

En la ciudad de Tucson, Franco ha estado ejerciendo la defensa de inmigrantes en centros de retención. Ha comenzado a pedir donaciones de dinero por Internet a fin de afrontar los gastos de su defensa jurídica , abonar el coste de la matrícula en una universidad y alimentarse en el periodo que dura la tramitación de su problema porque no puede trabajar.

«Lotería de visados»

La letrada llegó a EE.UU. para realizar una curso de especialización en Pennsylvania procedente de un centro universitario de Madrid. El título de licenciada en Derecho lo debió convalidar con un curso en la Universidad de Arizona. Era una condición clave para trabajar como abogada en Estados Unidos.

Desde septiembre del pasado año comenzó a trabajar como asesora jurídica en «Florence Project». Con esta entidad sin ánimo de lucro ha estado prestando asistencia jurídica a inmigrantes .

Lo que ha ocurrido, explica, es que la ONG en la que trabaja, en lugar de pedirle un visado profesional, dado que tenía un contrato hasta 2020, la inscribiría en un sistema de loterías de visados. Y no ha ganado nada. Por eso, le han dado un plazo razonable para evitar la expulsión.

«Me siento traicionada por la ironía y la hipocresía de una organización cuya misión es asegurarse que los inmigrantes sean tratados justa y humanamente», afirma la abogada. La ONG lo ha negado.

La abogada canaria tiene de fecha para salir de Estados Unidos hasta después de septiembre. Si no encuentra una salida legal con credibilidad técnica ante los funcionarios norteamericanos, puede ser expulsada. «Me acaban de poner en una situación muy difícil» indica la abogada.

Afirma que «pasé incontables horas escuchando historias de traumas, abuso y persecución » y que como era de las pocas abogadas que hablaban español, su esfuerzo ha ayudado a decenas de familias a regular su estacia en Estados Unidos.

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