Tribunales

Piden dos años de cárcel para un sacerdote acusado de birlar dinero de nulidades matrimoniales

Es el úlltimo capítulo de un caso que arrancó en 2015, con denuncias de acosos y espionaje en el Arzobispado de Zaragoza

Los acusados participaban en procesos eclesiásticos de nulidad matrimonial

R. P.

Un sacerdote y una abogada que trabajaron durante años en el tribunal eclesiástico de Zaragoza –dependiente del Arzobispado- se enfrentan a sendas peticiones de condena de dos años de prisión por apropiación indebida . Se les acusa de hacer ilícito negocio con las nulidades matrimoniales que pasaban por esa instancia de la jurisdicción eclesiástica.

En concreto, están acusados de haberse quedado con un total de 3.420 euros , procedentes de las tasas que procesos de nulidad matrimonial. El juicio se celebrará en mayo, según ha anunciado Heraldo.

El caso se remonta cuatro años atrás. De hecho, este juicio que va a celebrarse ahora por lo Penal es el último capítulo de un enrevesado caso que arrancó hace cuatro años , en el que se entrecruzó una denuncia por supuesto acoso sexual y otra de espionaje en el seno del Arzobispado de Zaragoza. Y todo eso, a su vez, en medio de las tensiones y pugnas internas en el seno del Arzobispado , que estuvieron presentes –como telón de fondo- en la sorpresiva renuncia que de Manuel Ureña al cargo de arzobispo.

Manuel Ureña renunció tras haber pagado a un diácono 60.000 euros a cambio de que abandonara la carrera sacerdotal. El diácono había denunciado ser víctima de acosos sexuales por parte del párroco de Épila (Zaragoza).

Tras la renuncia de Ureña tomó las riendas del arzobispado Vicente Jiménez , que sigue al frente en la actualidad. Ureña se topó con esas pugnas internas y se acusó a personal del propio Arzobispado de haber hecho circular mensajes difamatorios que comprometían al arzobispo.

La abogada María del Carmen Amador, que trabajaban en ese tribunal eclesiástico del arzobispado, fue apuntada como artífice de esas filtraciones. Ella, por su parte, al sentirse investigada por el equipo del prelado, acusó al arzobispo de espionaje .

El caso del espionaje llegó al juzgado, pero quedó en nada. La Audiencia de Zaragoza consideró legítimo que el arzobispo mandara inspeccionar el ordenador y el móvil de la abogada , a fin de aclarar si estaba obrando correctamente. Y, tras esa sentencia de la Audiencia de Zaragoza, la abogada pasó de acusadora a imputada. Ella quedó imputada por un delito de apropiación indebida, el mismo que se le imputa al sacerdote Ignacio Ferrer Sarroca , que fue juez vicario de ese tribunal eclesiástico en el que ella también trabajaba.

El Arzobispado, que impulsó la acusación, se ha visto secundado por la Fiscalía. Los acusados niegan haberse quedado con dinero de los fondos del tribunal eclesiástico, pero el fiscal entiende que hay datos que les incriminan y que apuntan a que se habrían quedado con un total de 3.240 euros de tasas abonadas por procesos de nulidades matrimoniales. Por ese motivo, considera que deben ser condenados a dos años de cárcel por un delito de apropiación indebida.

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