Piden 138 años de cárcel para la mujer que incendió una residencia y mató a 9 ancianos

La mujer de 63 años que el año pasado incendió intencionadamente la residencia de ancianos en la que estaba internada se enfrenta ahora a peticiones de prisión de hasta 138 años por aquellos hechos. El incendio mató a nueve ancianos e hirió a varios más en la noche del 11 de julio de 2015.

La acusada llevaba poco más de un año internada en este geriátrico privado situado en el zaragozano barrio de Santa Fe, en los extrarradios de la capital aragonesa.

El juez que ha instruido las diligencias ha decretado la apertura de juicio oral. La vista penal se celebrará en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

La Fiscalía pide para la acusada 62 años de prisión, pero las acusaciones llegan a plantear una solicitud de condena de 138 años de cárcel, además de cuantiosas indemnizaciones que superan, en total, el millón y medio de euros.

Es más que probable que de esas indemnizaciones no acabe respondiendo la acusada, tanto por sus circunstancias económicas personales como porque, cuando provocó el incendio, hacía más de un año que había sido incapacitada por sus problemas mentales.

Sin embargo, eso no ha impedido que sea procesada y que vaya a ser juzgada por el delito cometido, al haberse entendido durante la instrucción del caso que su estado mental no le impedía ser consciente del daño que iba a provocar al desencadenar el incendio.

Tras prender fuego a una habitación -las llamas y el humo se extendieron con gran rapidez y virulencia-, esta interna avisó a una trabajadora del centro y se sentó en el jardín del geriátrico mientras se quemaba la residencia con los residentes dentro de ella -gran parte de los internos estaban impedidos-.

Las diligencias judiciales apuntan como posible detonante de la acción de esta interna el hecho de que, instantes antes, su hijo la llamara por teléfono para decirle que se iba a casar y que ella no iba a estar invitada en la boda.

Ante la más que probable insolvencia de la acusada en caso de ser condenada, las acusaciones reclaman que sean declarados responsables subsidiarios de lo ocurrido tanto la empresa propietaria de la residencia Santa Fe -cerrada a raíz de aquel incendio- como el Gobierno aragonés. Este último, por estar legalmente obligado a velar por el correcto funcionamiento de las residencias de ancianos. Este geriátrico no contaba con todos sus permisos en regla, pero eso no impidió que siguiera abierto durante años.