Miguel Gracia (PSOE), presidente de la Diputación de Huesca, junto al alcalde oscense, Luis Felipe
Miguel Gracia (PSOE), presidente de la Diputación de Huesca, junto al alcalde oscense, Luis Felipe
Política

Los partidos cierran filas en Huesca para pedir más dinero al Gobierno aragonés

La Diputación oscense reclama, por unanimidad, que el Ejecutivo regional mejore la financiación a municipios y comarcas

Zaragoza Actualizado: Guardar
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Los partidos políticos han cerrado filas en la provincia de Huesca para presionar al Gobierno aragonés a que mejore la financiación a los municipios y comarcas de este territorio. En la misma semana, se han adoptado dos acuerdos en el mismo sentido en el Ayuntamiento de la capital oscense y en la Diputación provincial, ambas instituciones presididas por el PSOE, al igual que el Gobierno aragonés.

Los acuerdos han sido adoptados tras conocerse que el Ayuntamiento de Zaragoza está avanzando en la negociación de su financiación con el Gobierno aragonés. El planteamiento que ha hecho Zaragoza, de ser aceptado, supondría garantizar a la capital 8 millones de euros del fondo de capitalidad y 15 millones más de aportaciones presupuestarias autonómicas.

En la provincia de Huesca quieren adelantarse al escenario y no quedar atrás.

Se advierte que, de prosperar esa propuesta de Zaragoza y mantenerse la actual financiación que recibe la capital oscense, ésta se vería seriamente discriminada porque recibiría la mitad de euros por habitante que lo que el Gobierno aragonés transferiría a la capital aragonesa.

La Diputación de Huesca, que preside el socialista Miguel Gracia, acaba de adoptar un acuerdo unánime -con el concurso de todos los grupos políticos de la Corporación provincial: PSOE, PP, PAR y Cambiar Huesca- en el que respalda la posición del Ayuntamiento oscense y exige una revisión del actual modelo de financiación local del Gobierno aragonés. Reclama que se incremente la aportación anual que realiza el Ejecutivo autónomo a ayuntamientos y gobiernos comarcales de la provincia.

En el acuerdo se asegura que esto es imprescindible para garantizar la suficiencia financiera de las entidades locales y responder a las competencias que prestan, algunas de ellas pese a no ser competencia suya.

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