La izquierda ultima en Aragón una ley forzosa de captación de pisos

PSOE, Podemos, la Chunta e IU ultiman en bloque una nueva ley en Aragón para forzar a los dueños de más de 15 viviendas -sean particulares o empresas- a ceder al Gobierno regional las que tengan vacías.

La Administración las incorporará a su bolsa de alquiler social, para asignárselas en arrendamiento de mínimo coste a personas o familias con bajos recursos. El dueño de la vivienda en ningún caso perdería la propiedad, pero dejaría de tenerla en sus manos, sería el Gobierno aragonés el que la administrara en arrendamiento. El propietario cobraría por esa cesión una suerte de alquiler mensual, pero el importe se lo fijará la Administración.

El proyecto de ley se prevé que vea la luz el próximo noviembre.

Ahora se está ultimando en las Cortes de Aragón y, en este trámite, acaba de incorporar una enmienda propuesta por IU y pactada junto al resto de grupos de izquierdas.

Esta enmienda va destinada a imponer por ley la cesión forzosa de pisos vacíos a grandes propietarios inmobiliarios. Se ampliará así la medida similar puesta en marcha el año pasado con un decreto dirigido a las viviendas vacías que tienen los bancos, decreto que fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por la Administración del Estado y que está pendiente de sentencia.

PSOE, Podemos, la Chunta e IU son conscientes de que la nueva ley que están preparando puede ser inconstitucional. Cuentan con ello, porque así se lo han comunicado los servicios jurídicos de las propias Cortes de Aragón. Chocaría contra las garantías constitucionales al derecho de propiedad. Pero los grupos de izquierdas prefieren aprobar la ley y, después, ver si acaba recurrida o no. Y, llegado ese caso, discutirlo en los tribunales.

La enmienda a esta ley se produce escasos días después de un acuerdo firmado entre el PSOE, Podemos, la Chunta e IU para fortalecer las relaciones de los cuatro grupos en el Parlamento regional. A la vez que se firmó este acuerdo, el PSOE entregó a Podemos la presidencia de las Cortes de Aragón. Forma parte de un acercamiento promovido por los socialistas hacia Podemos, en busca de mayor «tranquilidad» para lo que queda de legislatura -el líder del PSOE aragonés, Javier Lambán, gobierna en minoría desde junio de 2015 gracias al apoyo puntual que Podemos le prestó para la investidura, pero los de Pablo Echenique no han querido entrar a formar parte de un gobierno de coalición-.

Desde la oposición, PP, el PAR y Ciudadanos han reaccionado en bloque contra esa obligación legal que la izquierda quiere imponer en Aragón sobre los grandes propietarios de viviendas. Los tres partidos consideran que conculca el derecho de propiedad consagrado en la Constitución.