La Diputación de Huesca invertirá 8 millones extra en los municipios de la provincia

La Diputación de Huesca inyectará en los próximos meses una inversión extra de 8 millones de euros en los municipios de la provincia . Así lo anunció este martes el presidente de la DPH, el socialista Miguel Gracia , después de que el Ministerio de Hacienda se haya comprometido a autorizar a las entidades locales para que reinviertan su superávit presupuesatrio.

Gracia participó este martes en Madrid en la reunión convocada por el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para informar de los resultados de la reunión que mantuvo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En ella, Caballero arrancó del ministro el compromiso a autorizar la reinversión de esos superávits sin necesidad de esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado -dada la incertidumbre que existe este año al respecto-.

El presidente de la DPH se contó entre los alrededor de 300 alcaldes y presidentes provinciales que acudieron este martes a la reunión convocada por Abel Caballero . Al término del encuentro, Miguel Gracia explicó que la Diputación oscense va a destinar 8 millones de euros «a una serie de actuaciones encaminadas a mejorar el día a día de los pueblos de la provincia».

Ha insistido en que ha de tramitarse de forma urgente la autorización definitiva para que las entidades locales inviertan sus superávits presupuestarios del año pasado. Ha reclamado al Gobierno central que agilice al máximo ese trámite, a fin de optimizar los recursos disponibles y de no entorpecer las inversiones de las entidades locales, de la que ha recordado que son «la única adminsitración que cumplimos con todos los requisitos que se nos marca a nivel europeo y central en materia económico-financiera».

Miguel Gracia ha aprovechado para reclamar que se renegocie la regla del techo de gasto -que sigue limitando el margen de maniobra político-económico de las entidades locales, que se revise el modelo de financiación del Estado a las entidades locales, y que se suavicen las tasas de reposición que, actualmente, siguen frenando la política de recursos humanos de las administraciones locales.