Dos víctimas recusan a la juez que investiga a Elizarán por trato de favor al etarra

Los padres de los dos últimos guardias civiles asesinados por ETA denuncian «temor» a la imparcialidad de Carmen Lamela

Madrid Actualizado: Guardar
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Los padres de los dos últimos guardias civiles asesinados por ETA han recusado a la juez que investiga por lesa humanidad al etarra Aitor Elizarán, cabecilla de la banda terrorista en 2009, por otorgar «un trato parcial y desigual» de favor al terrorista. La declaración de Aitor Elizarán ha quedado así aplazada hasta que se resuelva la recusación.

Los padres de los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Saénz de Tejada, asesinados en 2009 en Palma de Mallorca, relatan que la magistrada alcanzó un «entendimiento» con la abogada del etarra el pasado once de diciembre, según el cual el terrorista se iba a entregar de forma inminente en el domicilio de su familia, para ser conducido después al juzgado.

«Así consta, expresa y literalmente, en un oficio dirigido a las fuerzas y cuerpos de seguridad», expresa el escrito.

Dicho «acuerdo», denuncian, no fue notificado a las acusaciones, lo que les hubiera impedido «preparar la correspondiente, inminente vista y comparecencia del procesado del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», en la que se iba a comunicar al terrorista su situación de procesado en la causa por lesa humanidad. El terrorista finalmente no se presentó aquel día en la Audiencia Nacional y siguió en paradero desconocido, hasta que reapareció el pasado viernes.

Elizáran es uno de los cinco dirigentes etarras procesados por lesa humanidad como responsables de la banda desde octubre de 2004, cuando dicho delito se introdujo en la ley española. El juez Juan Pablo González apreció indicios de que ETA llevó a cabo un «ataque sistemático» contra la población civil para eliminar y expulsar del País Vasco a quienes consideraba sus «enemigos políticos».

El abogado de las dos víctimas también denuncia otras actuaciones del proceso que no les fueron notificadas y recuerdan que Carmen Lamela, titular del juzgado central de instrucción número 3, fue asesora del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, quien negoció con ETA. «Bajo la instrucción de la instructora nuestros defendidos no podrán ver realizado su derecho a un proceso justo y sin verse sometidos a ninguna forma de indefensión», afirman en el escrito, al que ha accedido ABC, presentado en la Audiencia Nacional el pasado viernes.

«Antonio Salvá y José Antonio Sáenz de Tejada tienen derecho a un procedimiento con todas las garantías, a igualdad de armas con la defensa del procesado y no un trato más claramente favorecedor a esta última de forma directamente contraria a lo que la ley determina», aseguran en el escrito en el que piden que se aparte a Lamela.

El etarra, que se presentó en la Audiencia Nacional el pasado viernes después de más de un mes en paradero desconocido, quedó libre con la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días. La juez le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España sin autorización previa y le obligó a facilitar un teléfono y un domicilio para estar localizado. Elizarán estaba en busca y captura desde el 5 de diciembre, un día después de que Francia le expulsara tras cumplir condena allí. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, informada de que el etarra llegaba a España, no pidió la detención ni la entrada en prisión del terrorista.

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