El Tribunal de Cuentas estudia la denuncia contra el viaje de los alcaldes catalanes a Bruselas
El escrito de Hacienda entró en la Fiscalía del órgano fiscalizador pasadas las 13:30 de este martes. El fiscal estudia a partir de hoy si se pueden reclamar los gastos de la visita de 187 ediles a Puigdemont
El Ministerio de Hacienda remitió este martes a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas un escrito en el que le solicita que investigue la financiación del viaje de casi 200 alcaldes catalanes independentistas a Bruselas el pasado 7 de noviembre .
La petición llegó pasadas las 13:30 y, según fuentes consultadas por ABC, el fiscal del Tribunal de Cuentas no pudo examinarla en el día, por lo que es a partir de este miércoles cuando estudiará el escrito instado por el departamento que dirige Cristóbal Montoro .
Los organizadores del viaje, desplegado en apoyo a Carles Puigdemont, señalaron que cada alcalde se había pagado el vuelo de su bolsillo, pero varios ediles aseguraron que cargaban los costes a su consistorio . El ministro de Hacienda ya advirtió de que esta práctica es ilegal, informa Javier Tahiri.
Los 187 alcaldes de municipios catalanes contrataron un vuelo charter con el que desplazarse hasta la capital belga para arropar al expresidente de la Generalitat. El Parlamento Europeo prohibió la entrada a su sede a Puigdemont , que pretendía celebrar allí un acto. Al haberse suspendido este evento, los alcaldes no pueden cargar al erario público los gastos, ya que no es un desplazamiento oficial.
Esta denuncia, que va en paralelo a las investigaciones penales, se suma a la que el Ministerio de Hacienda presentó en el órgano fiscalizador del Estado el pasado 20 de octubre por los gastos del referéndum ilegal del 1-O . Hacienda señaló a la Generalitat de Cataluña y a las organizaciones independentistas Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC) como entidades promotoras del independentismo a cargo del erario público . Hacienda exigió que, en caso de irregularidades, los miembros del Gobierno catalán respondan reintegrando los gastos de su bolsillo en las arcas de la Generalitat.
El camino que recorrerán estas denuncias puede ser similar al que se ha traducido en el reclamo de más de cinco millones de euros a Artur Mas y a varios miembros de su Gobierno y funcionarios de la Generalitat por los fondos desviados para la consulta ilegal del 9-N de 2014. El plazo para depositar esta fianza termina este jueves.
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