Independencia Cataluña
Trapero y los instigadores del asedio a la Guardia Civil, en libertad
La Fiscalía no pide medidas cautelares en una comparecencia en la que la Guardia Civil ha aportado un nuevo informe que extiende la responsabilidad del jefe de los Mossos hasta el 1-O. Trapero alega que no se dio tiempo a planear el dispositivo
El mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero , y los otros tres imputados por sedición han quedado en libertad con cargos (es decir, continúan imputados) tras declarar en la Audiencia Nacional en relación al asedio a la Guardia Civil en la operación contra los preparativos del 1-O en la Consejería de Economía de la Generalitat. La Fiscalía no ha pedido ninguna medida cautelar para ellos, por lo que la juez Lamela no las puede acordar.
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En la mañana de este viernes la Guardia Civil ha aportado un nuevo informe que la Fiscalía quiere estudiar para decidir, en su caso, si vuelve a pedir la comparecencia de los imputados. Ese informe extendería la responsabilidad de Trapero hasta el referéndum del 1-O, según confirmaron a ABC fuentes fiscales.
La Fiscalía explicó que la decisión sobre la adopción de medidas cautelares debe realizarse, en su caso, valorando todo el material obrante en las actuaciones y con todas las garantías para los acusados. Y el nuevo atestado puede resultar «trascendente» para determinar el alcance de la imputación
Recuerdan que la Fiscalía está «plenamente comprometida con la defensa de la legalidad» y que ha solicitado a la magistrada instructora que fije una nueva fecha «a la mayor brevedad posible» para continuar las declaraciones, tras las que solicitará, en su caso, la celebración de la comparecencia de medidas cautelares.
La Fiscalía velará por que en la nueva citación se aperciba a los investigados de que, en caso de no comparecer el día y hora señalados sin causa justificada, serán conducidos por la fuerza pública a presencia del juzgado.
Un comunicado de los Mossos d'Esquadra difundido tras la declaración, el mayor de los Mossos ha defendido que la actuación del cuerpo fue «correcta y necesaria» y ha denunciado que no se les avisó «con suficiente antelación». Por este motivo, el dispositivo no se habría podido planificar y eso «obligó a irlo adaptando en función de las circunstancias».
Comitiva nacionalista
El presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart , se ha negado a declarar (al no reconocer la competencia de la Audiencia Nacional, según ha manifestado ante los periodistas). El presidente de la ANC sí ha contestado a las preguntas de su defensa.
Sánchez ha señalado que la manifestación frente a la consejería de Economía de la Generalitat el pasado 20 de septiembre (la que ha motivado la apertura de esta causa por sedición) fue pacífica y no distinta a otras convocadas por la Asamblea Nacional Catalana. «Nuestro objetivo era protestar por unas actuaciones que los ciudadanos no entienden ni sabemos hasta qué punto son proporcionales», ha dicho.
Trapero ha llegado a la Audiencia Nacional a las 8.30, media hora antes de su cita, vestido de uniforme y acompañado de dos mossos también uniformados. Tras cerca de una hora de declaración, el «major» de los Mossos ha abandonado la Audiencia Nacional entre los aplausos de diputados de PdeCat y gritos de espontáneos de «traidor, pesetero y cabrón».
Sánchez y Cuixart han llegado a las 8:50 horas, entre aplausos de un grupo de diez personas compuesto por miembros del PDeCat, ERC y En Comú-Podem. Quien finalmente no ha acudido es la intendente de los Mossos Teresa Planas , que tras acreditar un problema de salud declarará por videoconferencia.
Quince días después de la macrooperación policial que se saldó con la detención de altos cargos de la Generalitat y un golpe a la logística del 1-O, el «major» de los Mossos ha comparecido en calidad de investigado (antes imputado) en una causa abierta por sedición, delito castigado con entre 8 y 15 años de prisión.
«Extrema tensión»
La Fiscalía situaba a Trapero y los otros tres citados como instigadores de las protestas de unas 40.000 personas ante la Consejería de Economía de la Generalitat . Se trataba de impedir la salida de la comisión judicial, integrada por guardias civiles y la letrada de la administración de justicia, una vez practicados los registros. Los manifestantes, azuzados por Sánchez y Cuixart desde el capó de un coche de la Guardia Civil altavoz en mano, se emplearon a fondo en destrozar los vehículos de los agentes y en intimidarlos.
En la querella que motivó la apertura de esta causa, el Ministerio Público recuerda que el pasado 20 de septiembre una muchedumbre de personas, convocada por las redes sociales, se concentró ante los edificios que se estaban registrando «con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones» .
Cuando la comitiva judicial terminó su trabajo horas después, era tal la situación de «extrema tensión» que el juez que ordenó los registros «se puso en contacto con el mayor de los Mossos (Trapero) para ordenarle expresamente que activara el dispositivo de seguridad», lo que hasta el momento no había hecho. La letrada de la Administración de Justicia (antes secretaria judicial) tuvo que abandonar el edificio por la azotea «al impedir los manifestantes su salida por la puerta» y los agentes de la Benemérita no pudieran salir del inmueble hasta las siete de la mañana del día 21.
Perímetro vallado
Diputados y senadores del PDeCAT, ERC, En Comú Podem y EH-Bildu han acudido a la Audiencia para prestar su apoyo a los imputados. Su intención era acompañar a los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural hasta la puerta de la Audiencia, pero, según ha denunciado el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, la Policía Nacional se lo ha impedido.
«De manera sorprendente nos han dicho que no les podemos acompañar, que nos teníamos que situar detrás de estas vallas» , se ha quejado el diputado catalán, para quien se ha vulnerado su derecho a acompañar a los investigados.
Ha insistido en que la imputación es «injusta» y ha recalcado que lo que ocurrió el 20 de septiembre fue un «allanamiento» de las oficinas gubernamentales por la policía. «Me pareció un día negro en la historia de España que se allanasen las oficinas del Gobierno de Cataluña y detuviesen a 14 personas», ha afirmado Campuzano, para quien «aquel día España demostró de nuevo que está más cerca de Turquía que de la Unión Europea».
Marcelo Expósito , de En Comú Podem, ha calificado de «disparate político ilimitado» las imputaciones a los presidentes de ANC y Òmnium Cultural por «haber ejercido su derecho a la libertad de expresión» y ha dicho que son un síntoma del «grado de enconamiento» al que se ha llegado por la «cerrazón» del PP. En el mismo sentido, se ha expresado el senador de Bildu Jon Iñarritu , que ha lamentado además las «medidas de excepción» que se han impuesto hoy a los parlamentarios en la Audiencia Nacional.
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