Temor a una salida de Manos Limpias del caso que deje a la Infanta sin sentencia

La irrupción en el juicio de la operación contra Ausbanc y Manos Limpias, que ha acabado con el ingreso en prisión de sus máximos responsables, Luis Pineda y Miguel Bernad, va a tener unas consecuencias para el procedimiento aún desconocidas. Es indudable que tras esa investigación el supuesto compromiso del pseudosindicato de defender los intereses generales queda más que en entredicho —el encarcelado es el único jefe de la organización que ejerce la acusación popular—, y parece evidente que detrás de su actuación hay fines espurios que podrían ser tenidos muy en cuenta por el tribunal.

En un principio se barajó la posibilidad de la expulsión de Manos Limpias del procedimiento -así lo pidieron las defensas de Torres y Urdangarín-, pero el tribunal lo descartó por el momento porque continúa plenamente vigente la presunción de inocencia de todos los implicados en la operación policial.

La letrada Virginia López Negrete, por su parte, ha asegurado que seguirá hasta el final, siempre, claro está, que se lo permitan, bien la Sala o su cliente.

La posibilidad de que finalmente salga del procedimiento Manos Limpias, obligado por los jueces o de forma voluntaria en el último momento, ha provocado inquietud en la defensa de la Infanta y en la propia Fiscalía, ya que impediría que el tribunal se pudiera pronunciar sobre su culpabilidad. «Sería como una absolución en falso —sostienen las fuentes consultadas por ABC—, y se abriría una corriente de opinión en el sentido de que todo es consecuencia de la actuación de lo que Negrete llama cloacas del Estado».

Cooperadora necesaria

Las posibilidades de condena de la Infanta Cristina no parecen demasiadas a tenor de lo que se ha visto hasta ahora en la vista oral. Queda, no obstante, la prueba pericial, que es clave en un asunto como éste, en el que se resuelve si la hija menor de Don Juan Carlos y Doña Sofía puede haber cometido un delito fiscal como cooperadora necesaria de su marido.

En la sala de vistas se van a contraponer dos posturas: la de los peritos de la Agencia Tributaria que hicieron el auxilio judicial, y la del «mercenario jurídico-tributario» que presenta el pseudosindicato que ejerce la acusación popular y al que se agarró el juez Castro para imputar a Doña Cristina. Los primeros sostienen que el delito fiscal solo lo puede cometer quien genera la renta -Iñaki Urdangarín-, porque se trata del IRPF, que es personal; y además mantienen que no se puede condenar a nadie solo por ser socio de una sociedad, si no es responsable de su gestión ni de sus actividades. Una regla que Hacienda aplica en todos los casos y en todo el territorio nacional.

La declaración del «mercenario jurídico-tributario» -como se definió él mismo ante el juez Castro- se espera con gran interés porque deberá justificar, con argumentos técnicos, su criterio contrario a la Agencia Tributaria.