La UCO registra las oficinas de Pwc, Indra, OHL y Saerco por la «operación Lezo»

La Guardia Civil continúa las pesquisas en torno a la «operación Lezo» por la que el expresidente de la Comunidad de Madrid Igancio González fue detenido por operaciones supuestamente corruptas en el Canal de Isabel II. Según ha podido saber ABC, la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado ha accedido esta mañana a las oficinas de la firma de auditoría y consultoría Pwc, situadas en una de las cuatro torres del paseo de las Castellana de Madrid, en búsqueda de información relacionada con la trama.

Los agentes, según las fuentes consultadas, han precintado el despacho de un antiguo socio de la firma relacionado con el sector público, que ahora trabajaba como colaborador y relacionado con los proyecto de la empresa gestora del agua de Madrid.

La unidad especializada de la Guardia Civil ha requisado alguna documentación.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también se ha personado este jueves en las sedes centrales en Madrid de OHL, Indra y Saerco, tras la documentación hallada ayer en la treintena de registros llevados a cabo en la «operación Lezo», y dentro de las investigaciones que sigue la Audiencia Nacional sobre la financiación ilegal del PP en Madrid.

Los registros han sido ordenados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que en febrero de 2016 ordenó registrar el despacho del Beltrán Gutiérrez, el exgerente del PP de Madrid, por las sospechas de financiación irregular de la formación.

La constructora OHL emitió entonces un comunicado en el que negó haber efectuado pagos al PP. Este pronunciamiento se produjo un día después de que la Guardia Civil registrase varias dependencias de su consejero Javier López Madrid en el marco de una nueva fase de la denominada «operación Púnica».

Además del caso sobre la corrupción en la gestión del Canal de Isabel II, destapado ayer, Velasco investiga la financiación ilegal del PP madrileño en una pieza separada declarada secreta.

Fuentes de OHL e Indra han confirmado a ABC que en el interior de sus oficinas se encuentran agentes de la Guardia Civil y que ambas empresas están prestando «la máxima colaboración posible».

Contrato de un cercanías de Madrid

Los agentes que se han personado hoy en la sede de OHL han requerido información sobre el contrato para la construcción y explotación de la línea de Cercanías entre Móstoles Central y Navalcarnero, adjudicado a la constructora en 2007. Según fuentes próximas a la investigación consultadas por Efe, el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ha ordenado el registro de las dependencias de OHL, aún no ha requerido ni analizado el expediente de contratación.

La sociedad Cercanías Móstoles Navalcarnero (Cemonasa), propiedad de OHL, entró en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) en 2016. Posteriormente, en marzo de este año, el juzgado de lo mercantil número 1 de Madrid acordó la apertura de la fase de liquidación de la sociedad.

La apertura de la fase de liquidación conlleva la disolución de la sociedad, la liquidación de todos sus bienes, la resolución del contrato de concesión suscrito en enero de 2008 entre Cemonasa y la Comunidad de Madrid, y la obligación del pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por parte del gobierno regional.

En 2015, Cemonasa presentó una reclamación administrativa de resolución de la concesión al considerar que la Comunidad de Madrid había incumplido el contrato, una solicitud que se elevó posteriormente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. OHL reclama 370 millones de euros a la Comunidad de Madrid, 320 millones por la inversión y 50 millones por daños y perjuicios. En marzo de este año, la Comunidad de Madrid comunicó la apertura de un expediente de resolución de contrato a Cemonasa por «incumplimiento de las obligaciones» en las obras de ampliación y soterramiento de la línea C5 de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero.

Además de estos tres registros, se siguen otras actuaciones similares en otras empresas, como el caso de la sede en Madrid de Licuas, dedicada a conducciones hidráulicas, obra civil y mantenimiento de integral de edificios.

Declaración ante el juez

Estos registros coinciden con los ordenados por Velasco en el marco de la operación Lezo, destapada ayer y por la que ha sido detenida una docena de personas, entre ellas el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Los detenidos en la operación contra la corrupción en la gestión del Canal de Isabel II pasarán entre hoy y mañana a disposición del magistrado. Velasco tomará declaración hoy a cuatro detenidos vinculados al Canal de Isabel II, mientras que mañana pasará a disposición judicial el expresidente madrileño.

Él, junto con los otros once arrestados en la operación Lezo de la Guardia Civil han pasado la noche en las dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos.

Además de González, los otros tres principales detenidos son su hermano Pablo, directivo de la empresa pública Mercasa que también ha sido registrada; Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica y cesado hace un año como presidente de Inassa, que gestiona contratos del Canal en Latinoamérica y María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal.

El juez Eloy Velasco también ha citado como investigados al director de «La Razón», Francisco Marhuenda, y al presidente de este mismo periódico, Mauricio Casals.