¿En qué punto está la política penitenciaria?

¿Qué competencias tiene el Gobierno vasco en el interior de las cárceles?

En virtud de los acuerdos alcanzados en 2011 con el Gobierno de Zapatero, el ejecutivo vasco se encarga tanto de la educación de los presos, a través de maestros de enseñanza no universitaria, como de la atención sanitaria de los internos.

¿Y en el exterior?

El Gobierno vasco se ocupa de la vigilancia exterior y protección de los recintos de las tres cárceles que se ubican en la comunidad autónoma (Zaballa, Martutene y Basauri). La Ertzaintza realiza las mismas tareas que la Policía o la Guardia Civil en otros puntos de España. También transferido en 2011.

¿Cuál es la principal reclamación de Urkullu?

Que se transfiera la competencia de los centros penitenciarios al Gobierno vasco. El lendakari se ampara en dos artículos del Estatuto de Autonomía: el 10.14 y el 12.1.

¿Qué cambios plantea sin modificaciones legales?

Propugna, según consta en la propuesta «Zuzen Bidean», de noviembre de 2014, el «acercamiento» de presos etarras a cárceles del País Vasco, la excarcelación de reclusos con enfermedades graves y la libertad condicional para mayores de 70 años.

Asimismo, «aplicar con normalidad e igualdad de trato los beneficios penitenciarios ordinarios» y «dar una respuesta institucional y oficial» a quienes siguieron la «vía Nanclares».

¿Qué leyes cambiarían?

Entre otras, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con supresión de la detención incomunicada y reducción de la duración de la prisión provisional para terroristas presos en situación preventiva. Igualmente, la relativa al cumplimiento íntegro y efectivo de penas, con promoción de la reinserción «cuando haya desaparecido el riesgo de reincidencia y su amenaza». En lo tocante al derecho sustantivo, abogan por suprimir el delito de terrorismo sin pertenencia a banda armada y el de enaltecimiento y apología.

¿Qué beneficios tendrían los presos etarras según los planes del Gobierno vasco?

El programa Hitzeman, de septiembre de 2014, contempla otorgar una cobertura a los presos etarras que accedan a participar que incluye asesoramiento legal y personal, así como apoyo psicológico; apoyo a la inserción laboral; y apoyo a la búsqueda de vivienda, con posible colaboración de los Ayuntamientos.