Podemos promete consultas para echar al presidente y endurecer el Código Penal contra la corrupción

La formación se compromete a acabar con los aforamientos y a limitar el sueldo de los diputados

Pablo Iglesias, líder de Podemos, en un acto celebrado en Pamplona el pasado fin de semana Europa Press / Vídeo: Iglesias quiere ser ministro de Interior

Gregoria Caro

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Desde que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , regresó a la primera línea política tras su baja por paternidad dejó clara la narrativa de la campaña para movilizar a las bases. La formación lo apuesta todo a un discurso duro contra los privilegios «de las élites» y contra la corrupción. A una semana de que arranque la campaña electoral para el 28 de abril el partido presenta hoy todas sus promesas en el prgrama electoral bajo el lema «El futuro lo eliges tú».

La formación explica que su proyecto de partido «solo es viable» quitando a los «corruptos y su control sobre las instituciones públicas» de en medio. Para ello, y como medida nueva, Podemos propone un Plan Nacional contra la Corrupción con el que impulsarán «una reforma del Código Penal para introducir el delito relacionado con el enriquecimiento ilícito de cargos políticos». Incluso en aquellos casos que no hayan intervenido directamente pero que hayan tenido beneficio económico. También incluirán un tipo agravado de prevaricación administrativa en las contrataciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y fraudes a la Administración cuando se cometa a través de partidos políticos. Este Plan Nacional contra la Corrupción, explica el documento, vendrá acompañado de una ampliación de las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinadas a la lucha contra los delitos económicos.

También como novedad el partido se compromete a que cuando el 15% del censo electoral considere que el Gobierno se ha puesto de perfil con la ciudadanía se podrá iniciar una suerte de «referéndum en el que se decida de manera vinculante si quien ocupa la presidencia del Gobierno debe dimitir y convocar nuevas elecciones generales». En otras palabras, un proceso revocatorio para echar al jefe del Ejecutivo. Aunque la formación no da más detalles de cómo se llevaría a cabo. También prometen normalizar consultas como «la entrada de España en operaciones militares».

Contra la Casa Real

Una de sus grandes luchas en el Parlamento ha sido intentar la supresión de los aforamientos, una figura que abordan como «un sistema de protección y favores que permite a los partidos ofrecer cierto privilegio judicial a sus miembros». En este sentido, prometen que iniciarán las acciones necesarias para dinamitar los aforamientos.

Y, como en tantas otras ocasiones, el partido buscará acabar con la ausencia de responsabilidad del Rey porque lo consideran «el privilegio más grave» y pondrán en marcha «una comisión de investigación sobre los negocios de la monarquía» sembrando la duda de que sea una institución legítima.

Otra de las propuestas del documento es la de limitar los sueldos de los diputados y senadores restringiendo que las nóminas nunca puedan ser superiores a las de «los cuerpos de funcionarios del Estado». Y, además, proponen que se pueda llevar un control de las gastos de los parlamentarios .

Una reforma de la ley electoral también está reflejada mediante la propuesta de «una persona, un voto» con el objetivo de aumentar la proporcionalidad del sistema. El plan de Podemos es sustituir la Ley D'Hondt por la de Sainte-Laguë, que consideran «más proporcional» para evitar «las desigualdades» contra los grandes partido (PSOE y PP). Este sistema, que además favorece a los partidos minoritarios, y se utiliza, por ejemplo, en Alemania, también lo defiende Ciudadanos .

Los decretos del Gobierno

Tras meses de negociaciones en materia de pensiones y alquiler con el grupo parlamentario socialista Podemos no consiguió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , cumpliese con lo que pactó en el acuerdo presupuestario rubricado por ambas formaciones en octubre. Por ello en el programa de Podemos han añadido lo que, a su juicio, creen que faltó en los decretos que el Consejo de Ministros lleva aprobando semanas en los llamados «viernes sociales». Por un lado, la revalorización por ley de las pensiones al IPC y, por otro, la limitación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas. «Intervención en el mercado del alquiler conforme a índices de precios que hagan que ninguna familia pague más del 30% de su renta», explican.

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