El oscilante modelo educativo de Baleares
Todas las medidas que el popular Bauzá impulsó en la pasada legislatura para acabar con el «adoctrinamiento» en las aulas han sido derogadas por la socialista Armengol con el apoyo de MÉS y Podemos
Cuando se habla de la situación de la educación en Baleares suele equipararse a menudo con el caso de Cataluña, sin que normalmente se tengan en cuenta algunas diferencias significativas entre ambas comunidades. En las Islas, por ejemplo, nunca ha presidido el Govern ningún partido nacionalista . Hasta el momento, en seis legislaturas ha habido presidentes autonómicos del PP, mientras que en las tres restantes los máximos mandatarios han sido del PSOE gracias al apoyo de otras formaciones. Los socialistas se han reservado además siempre la cartera de Educación, como está ocurriendo también en esta legislatura. La única excepción se produjo en la legislatura 1999-2003, cuando la Consejería de Educación y Cultura estuvo dirigida por Damià Pons, militante de la formación nacionalista PSM. Por lo que respecta a la Universidad de las Islas Baleares (UIB) , hay un innegable activismo por parte del sector estudiantil más nacionalista y soberanista, si bien su influencia real en la vida académica es relativamente muy menor.
En cualquier caso, el debate sobre el presunto adoctrinamiento tanto cultural como lingüístico en las aulas de Baleares lleva ya varias décadas sobre la mesa. Ha sido además en la pasada legislatura y en la actual cuando esa controversia parece haberse recrudecido. Cabe recordar, en ese sentido, que en el pasado mandato el entonces presidente autonómico, el popular José Ramón Bauzá , aprobó el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), polémico decreto que preveía la implantación progresiva de un sistema de enseñanza trilingüe en los colegios. El TIL iba a suponer en la práctica el fin de la inmersión lingüística en catalán.
Sin embargo, desde el momento mismo de su aprobación el citado decreto fue rechazado de manera frontal por la mayor parte del sector educativo, esencialmente de filiación nacionalista, así como por todos los partidos de la oposición. La respuesta más contundente de los maestros al TIL fue una huelga indefinida que finalmente se desarrolló entre el 16 de septiembre y el 4 de octubre de 2013 . Además, el 29 de septiembre de aquel año tuvo lugar la manifestación más multitudinaria celebrada jamás en Palma, en la que más de 80.000 personas pidieron la retirada del citado proyecto lingüístico. Pese a todo, Bauzá optó por mantenerlo.
Otra medida aprobada por Bauzá en la pasada legislatura, en concreto en diciembre de 2013, fue la Ley de Uso de los Símbolos Institucionales . El objetivo esencial de esa nueva norma era «objetivar el uso de los símbolos en los muebles o inmuebles afectos a servicios públicos de la Comunidad». Los populares querían, en definitiva, que estuviera prohibido que los centros docentes pudieran poner en sus fachadas lazos reivindicativos cuatribarrados en favor de la enseñanza en catalán, imagen que pudo verse en la pasada legislatura en numerosos colegios isleños. Para el anterior Ejecutivo, la colocación de «senyeras» en los colegios suponía una «politización» inadmisible de los edificios públicos.
Tras los comicios autonómicos de mayo de 2015, la situación política en Baleares experimentó un cambio radical, pues el PP perdió la mayoría absoluta con que contaba. Ello posibilitó un pacto entre el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Podemos, que aupó a la socialista Francina Armengol a la presidencia de la Comunidad. Como era de prever, la práctica totalidad de las medidas impulsadas por Bauzá empezaron a ser retiradas de inmediato. Así, la ley de Símbolos fue derogada en octubre de 2015, mientras que el TIL dejó de estar ya vigente al inicio del curso pasado.
Por lo que respecta al desarrollo de la actual legislatura, las controversias en los colegios no han estado relacionadas hasta ahora con decisiones de carácter político que hayan podido tomar Armengol o el consejero de Educación, el moderado Martí March , sino sobre todo con actuaciones de presunto adoctrinamiento, por ejemplo vinculadas al referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Dichas actuaciones habrían sido promovidas por docentes de varios centros públicos.
En ese contexto, desde la Sección de Menores de la Fiscalía de Baleares se ha iniciado este mes de octubre una investigación relacionada «con las informaciones divulgadas a través de diferentes medios de comunicación» de la posible realización en algunos centros educativos de Baleares de «actos relacionados con el hecho de implicar o hacer participar a menores en actos reivindicativos ajenos al ámbito educativo o relacionados con su participación en manifestaciones o concentraciones en horas lectivas».
Dicha investigación se ha iniciado con el fin de «concretar y evaluar», si, al margen de posibles responsabilidades disciplinarias o administrativas a dilucidar en el ámbito educativo, «tales actuaciones han podido incidir en los derechos de todo tipo en el ámbito de la protección de los menores». La Fiscalía quiere dilucidar, en definitiva, «la existencia de posibles situaciones de riesgo» para los alumnos y «las responsabilidades de todo tipo que se hubieran podido derivar» en estos casos.
Por lo demás, en la primera mitad del actual mandato tanto el PP como Ciudadanos se han mostrado muy críticos con las políticas en materia lingüística —no sólo relativas a la educación— del actual tripartito. Se han sumado también a dichas críticas entidades como la Fundación Nacional Círculo Balear o la Fundació Jaume III. Paradójicamente, dichas políticas son herederas, al menos en parte, de tres iniciativas promovidas en su momento por dos presidentes autonómicos del PP, Gabriel Cañellas y Jaume Matas.
Con Cañellas al frente del Ejecutivo regional, se aprobó en 1986 la Ley de Normalización Lingüística, que abogaba por el fomento del catalán en todos los ámbitos de la sociedad. Una década después, en 1997, Matas puso en marcha el llamado Decreto de Mínimos, que obligaba a los colegios a impartir en catalán al menos el 50 por cien de las clases. El citado decreto acabó favoreciendo en la práctica la inmersión lingüística. Por último, fue también Matas quien en 2007 aprobó la Ley de la Función Pública, que estableció que el conocimiento del catalán debería ser un requisito para todos los funcionarios de la Comunidad. Dicha ley fue modificada por Bauzá, que fijó el catalán sólo como mérito, pero Armengol ha vuelto a cambiar de nuevo esta ley para situarla en los términos establecidos por Matas.
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