Quim Torra dedica su mandato a la exaltación del folclore catalán y a prodigarse en gestos simbólicos en favor de los líderes separatistas que considera «presos políticos». En la imagen, una visita en mayo de 2018 a los políticos encarcelados, entonces en Soto del Real (Madrid)
Quim Torra dedica su mandato a la exaltación del folclore catalán y a prodigarse en gestos simbólicos en favor de los líderes separatistas que considera «presos políticos». En la imagen, una visita en mayo de 2018 a los políticos encarcelados, entonces en Soto del Real (Madrid) - Ángel de Antonio

La obsesión de Torra con los símbolos separatistas lo conduce al banquillo

El TSJC abre juicio al president por negarse a retirar esteladas y lazos en la campaña

BarcelonaActualizado:

Teledirigido desde Waterloo (Bélgica), y consciente de que su opinión no tiene peso alguno en la sala de mandos del independentismo, el presidente de la Generalitat dedica su legislatura a pasearse por festivales folclóricos, promocionar productos catalanes y gobernar poco. Quim Torra se refugia en la simbología para trata de disimular su exigua obra de gobierno y reivindicarse ante el separatismo envalentonándose con un desafío judicial en el que sabe que el único riesgo que corre es el de su inhabilitación y el de una multa que, como es tradición, el secesionismo solventaría con la enésima caja de solidaridad para recaudar fondos entre sus adeptos.

Torra desafió a la Junta Electoral Central (JEC) negándose a retirar la simbología partidista de los edificios públicos dependientes de la Generalitat durante la campaña de las pasadas elecciones municipales. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en un auto hecho público ayer, ordenó abrir juicio oral por un delito de desobediencia contra el president, para quien la Fiscalía pide una multa de 30.000 euros y 20 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, ya sea en el ámbito estatal, europeo, autonómico o municipal.

El magistrado Carlos Ramos ha dado diez días al abogado de Torra, Gonzalo Boye, para que presente su escrito de defensa para contrarrestar la «razonabilidad y la contundencia» -dice literalmente el auto- de los cargos contra el político secesionista. El fiscal superior catalán, Francisco Bañeres, le acusa de haber hecho oídos sordos a las órdenes que entre marzo y abril le dio la JEC para que descolgase, durante el periodo electoral, los lazos amarillos y las esteladas de edificios públicos, especialmente del Palau de la Generalitat y varias consejerías. El Ministerio Público considera que son símbolos partidistas que comprometen la neutralidad de las instituciones, y que por ello debían retirarse durante el periodo electoral.

Torra debía proceder «sin excusa ni pretexto a su estricto cumplimiento» -según el escrito de acusación- y retirar estos símbolos, algo que el presidente catalán no hizo, comenzando un tira y afloja sin llegar a acatar nunca las órdenes de la JEC, que insistía en advertirle de las posibles consecuencias penales de su comportamiento. En uno de sus recursos, Torra justificó al TSJC que retardaba la retirada porque estaba esperando un pronunciamiento del Síndic de Greuges -Defensor del Pueblo en Cataluña-, pese a que este no tiene competencia alguna en esta materia. Es más. En este punto Torra engañó también a la ciudadanía catalana. Dijo públicamente que estaba a la espera de ese informe, cuando en realidad ya sabía entonces cuál era la postura del Síndic: recomendar la retirada de la simbología en favor de los líderes encarcelados que el separatismo considera «presos políticos». El presidente de la Generalitat fue citado por el TSJC para declarar el pasado 15 de mayo en condición de investigado. En aquella declaración plagada de afirmaciones grandilocuentes sobre «libertad de expresión» y «derechos humanos», Torra admitió que había desobedecido a la Junta Electoral Central a propósito de los lazos. Unas afirmaciones que, no obstante, fue matizando a lo largo de los 40 minutos que estuvo ante el tribunal. Alegó que hizo caso omiso porque creía que la JEC no tenía autoridad sobre él. Y también, guiado por su abogado, acabo matizando que cuando admitía haber desobedecido lo decía en «términos coloquiales» y no jurídicos. Es decir, no estaba admitiendo el delito.

Fraude procesal

La retahíla de recursos, presentados a veces fuera de plazo, lo completó la defensa de Torra con un intento de apartar de la causa al magistrado Carlos Ramos. Según Boye, el juez, en una de sus resoluciones, mostraba una actitud «claramente prejuzgadora», con manifestaciones «de evidente culpabilidad» que, para el letrado, atentaban contra la presunción de inocencia del «president». Parecía, en palabras del abogado, que el juez tuviese un «especial» interés en sentar a Torra en el banquillo.

La respuesta de TSJC ante el intento de recusación fue contudente. Para el tribunal, el único objetivo del abogado de Torra era dilatar la celebración del juicio poniendo sobre la mesa argumentos «imaginarios, ilusorios, arbitrarios» y hasta «inventados». Era, en palabras del magistrado, un auténtico «fraude procesal», pues el magistrado en sus resoluciones usaba adverbios como «indiciariamente, provisionalmente y presuntamente», que dejaban claro que los cargos contra Torra son y eran indiciarios, respetándose en todo momento la presunción de inocencia. Solo alguien que hiciera una lectura «apresurada, desenfocada o interesada» podría no ver tales adverbios y entender el relato una declaración de culpabilidad, le afeaba el juez en su respuesta. Fuentes judiciales consultadas por ABC señalan que el juicio, todavía sin fecha, podría celebrarse este otoño.