«No es el País Vasco, pero sí estamos ya estigmatizados»

Nadie equipara la situación actual que se vive en Cataluña con lo que se vivía en el País Vasco hasta que ETA fue derrotada, pero tanto los sindicatos policiales como las asociaciones de guardias civiles consideran que es necesario aprobar un complemento especial para aquellos agentes que estén allí destinados . Y ello por dos motivos: primero, porque el coste de la vida es mucho más alto que en otras comunidades, y segundo, y no menos importante, porque tanto ellos como sus familias comienzan a vivir con una presión social cada vez más asfixiante.

Solo en la Policía Nacional, y según datos del SUP, el número de agentes se ha reducido un 13,59 por ciento en Barcelona, un 10,59 por ciento en Tarragona, un 23,88 en Lérida y un 15,45 en Gerona. La explicación está, por una parte, en cuestiones meramente económicas –Cataluña es la comunidad donde más han crecido los precios en los últimos años y donde se pagan más impuestos–, pero además existe, sobre todo desde el 1-O , un «alto nivel de hostilidad» hacia los policías, que también sufren su entorno personal .

En una solicitud enviada por ese sindicato a la Dirección General de la Policía en agosto pasado se afirma que la tensión en esa comunidad ha aumentado y que los familiares de los policías se ven obligados a mantener en secreto esa circunstancia «para no verse sometidos a señalamiento, discriminación, insultos, vejaciones e incluso agresiones físicas». Ramón Cossío, portavoz del sindicato, afirma que «las consecuencias de la pérdida de peso del Estado en Cataluña ya se han visto; si se quieren mantener las plantillas de las Fuerzas de Seguridad hay que incentivar esa permanencia, como sucede en otras partes de España donde ser policía o guardia civil no es fácil... Pero es que, además, esa estabilidad es fundamental para poder ser eficaces, sobre todo en el ámbito de Información y Policía Judicial donde es clave conocer bien el paisaje y al paisanaje, por decirlo de forma gráfica. Y con un plus de territorialidad de 80 euros al mes, eso no se consigue. La gente, en cuanto puede, se marcha y solo se quedan los que ya tienen hecha su vida allí».

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también reivindican la mejora salarial. Los escraches de las últimas noches frente a cuarteles del Instituto Armado son un ejemplo más del «hostigamiento» que sufren los agentes. Por ello, piden que se declare a Cataluña «zona de especial conflictividad, igual que el País Vasco. «Allí la actividad de ETA ha cesado, pero sigue habiendo cierta hostilidad contra los agentes, un problema que está empezando a aparecer en Cataluña», lamenta Juan Fernández, portavoz de AUGC. Esta medida supongría unos 600 euros mensuales extra en las nóminas de los guardias.

«Sufren mayor presión y estrés que otros compañeros en otros puntos de España», añade Fernández sobre los agentes de la Guardia Civil en Cataluña, donde hay alrededor de 3.000 efectivos. De ellos, como se comenta en el seno del Cuerpo, estarían dispuestos a irse unos 2.000, precisamente por la difícil situación que viven tanto ellos como sus familias.