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Agentes de los Mossos d'Esquadra - EFE

«Los Mossos no solo tenemos que cumplir la ley, sino garantizar que se cumpla»

El portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña asegura que «la Policía no está por encima de la ley»

«En ningún caso la obediencia debida puede amparar órdenes contrarias a la Constitución»

Madrid Actualizado: Guardar
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«Los Mossos no solo tenemos que cumplir la ley, sino también garantizar que la ley se cumpla». Así de contundente se ha expresado este miércoles David Serrada, portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña, sobre el papel de los agentes catalanes tras la suspensión de la resolución independentista aprobada por el Parlament.

En declaraciones a la Cadena Cope, Serrada ha explicado que la legislación que regula a los Mossos d'Esquadra, que emana del Parlamento de Cataluña, «es muy clara». Su preámbulo deja claro que «la Policía no está por encima de la ley».

«Antes de tomar posesión tenemos que cumplir y hacer cumplir en todo momento la Constitución y actuar con absoluta neutralidad política e imparcialidad», ha añadido Serrada en «Herrera en Cope».

El Sindicato de Policías Catalanes representa a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Local. Serrada ha advertido a las autoridades catalanas de que «en ningún caso la obediencia debida puede amparar órdenes que sean constitutivas de delito o contrarias a la Constitución».

La ley que regula el funcionamiento de los Mossos está en vigor desde hace 21 años, según el portavoz sindical, «y ningún Gobierno ha tocado ni una sola coma». «Con esta legalidad es con la que tenemos que trabajar y lo tenemos muy claro», ha dicho.

La Fiscalía ordenó ayer a los Mossos, la Policía y la Guardia Civil que denuncien cualquier acto que ejecute el proceso ilegal de independencia. Deben informar al juez y al fiscal de guardia y practicar las medidas necesarias «para acreditar los hechos delictivos y las responsabilidades».

Los actos encaminados a cambiar de forma ilegal la organización del Estado pueden suponer delitos contra la forma de Gobierno, lo que incluye, según la Fiscalía, los delitos de sedición y rebelión, castigados con hasta treinta años de cárcel.

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