La ministra de Justicia niega el viraje en la defensa de Llarena en Bélgica y se esconde en una nota de prensa
Dolores Delgado insiste en que nunca se planteó otra cosa que no fuera defender a Llarena
Se adelantó a la petición de comparecencia que habían solicitado algunos grupos parlamentarios y pidió hacerlo de forma voluntaria, pero sus explicaciones, lejos de convencer, ahondaron en el error que supuso no rectificar a tiempo. La ministra de Justicia perdió ayer una oportunidad de oro para, en el ejercicio de la transparencia que predica desde su departamento, admitir en sede parlamentaria el error que supuso dejar solo en un primer momento al magistrado Pablo Llarena ante la fraudulenta demanda interpuesta por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bélgica.
Ni una palabra dedicó Delgado ayer a explicar el viraje del Ejecutivo en apenas tres días en una cuestión de Estado como es la soberanía jurisdiccional de España. Y pese a que los hechos lo desmienten, no dudó en mantener ante la Comisión de Justicia del Congreso que desde un primer momento no se planteó otra cosa que no fuera la defensa del juez del Supremo. Entender lo contrario, dijo, puede enmarcarse en la «falta de claridad» de la nota informativa que salió de su Ministerio la tarde-noche del 23 de agosto. «No hay una contradicción, puede haber alguna expresión en esa nota que faltaba o sobraba», se limitó a decir ayer la ministra.
«El Estado español se personará ante la justicia de Bélgica en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles si, en el momento de admitir a trámite la demanda presentada por el ex presidente y cuatro ex consellers de la Generalitat contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra ellos (...). La demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones privadas que incluso en España podrían ser objeto de algún tipo de acción en su contra», señalaba aquel comunicado.
Podía haberse tratado de una redacción defectuosa, de un párrafo de más o de un malentendido de la prensa. Pero no es así, porque fue precisamente la propia Abogacía del Estado, e incluso altos cargos de su Ministerio , los que no dudaron en ocultar su malestar con la ministra porque, como informó ABC, en contra de lo que se le había aconsejado, estableció una línea roja entre la defensa de los intereses de España y los supuestos «actos privados» del magistrado Llarena.
Un Estado «delincuente»
No quiso percartarse –le reprocharon ayer los portavoces parlamentarios de PP y Ciudadanos – de que aquella demanda no tenía otro objetivo que intentar recusar al juez y continuar su estrategia de desprestigio al Estado español en el extranjero. Solo así pueden entenderse afirmaciones como la de que «España está entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales» o «los miembros de minorías que persiguen una acción política sufren en España violaciones de sus derechos».
Al final tuvo que ser la reacción social y sobre todo el comunicado conjunto que suscribieron todas las asociaciones de jueces y fiscales tras negarse Delgado a defender al magistrado lo que provocó el golpe de timón del Ejecutivo de Sánchez. Fueron necesarios tres días y la mediación de ministros de peso y larga trayectoria política para que Sánchez se percatara de que este asunto no era una demanda entre particulares, sino un asunto de Estado. La rectificación que ayer seguía sin admitir Delgado llegaba el 26 de agosto en forma de nota de prensa desde La Moncloa y no desde el Ministerio de Justicia.
No faltó a la verdad la ministra ayer cuando expuso de forma detallada sus gestiones en lo que se refiere a la soberanía jurisdiccional española y que se remontan al pasado 10 de julio, día en el que tras recibir una carta del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, encargó un informe a la Secretaría General de la Administración de Justicia sobre posibles actuaciones de su Ministerio en relación a esta demanda.
«Ámbito privado»
Sin embargo, durante su intervención no hubo ni una sola referencia a ese «ámbito privado» de Llarena en el que, desoyendo los consejos de los servicios jurídicos del Estado, enmarcó las declaraciones del magistrado, palabras que, además, han resultado manipuladas por las defensas en su tramposa estrategia procesal . Aunque no hubo rectificación explícita, al menos la ministra está convencida ahora de que las palabras de Llarena «estaban absolutamente imbracadas» en la causa del 1-O.
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