México, sin tregua (y sin prisa) contra ETA

El etarra Ángel María Tellería Uriarte, detenido ayer en el estado de Guanajuato aunque residía en el país ilegalmente desde la década de los 80, estaba entre las personas listadas en una querella que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó ante la Audiencia Nacional española en 1997, para solicitar la extradición de 35 presuntos miembros de ETA exiliados en México. Esta querella, dirigida al juez Javier Gómez de Liaño, incluía a supuestos terroristas acusados de delitos de atentado, estragos y colaboración y pertenencia a banda armada. Todos ellos acumulaban un total de 19 asesinatos.

Uriarte fue atrapado cuando está a punto de prescribir el delito del que se le culpa, relativo a su participación en el ataque que acabó con la vida de la inspectora de policía María Josefa García en unos apartamentos de la ciudad de Zarauz (Guipúzcoa).

Eciolaza disparó contra la inspectora con una metralleta y tras esto escaparon del lugar de los hechos arrojando dos granadas de mano, relata la Ficha Roja de la Interpol.

En la década de los 70, presuntos etarras y personas relacionadas con el entorno de la organización terrorista vasca comenzaron a asentarse en México. Su presencia en el país latinoamericano creció notablemente cuando el acoso policial de las autoridades francesas sobre la banda se hizo más intenso.

La última detención de un etarra realizada en México se dio en mayo de 2015 con la captura de Hilario Urbizu San Román con motivo de una orden internacional de detención dictada por la Audiencia Nacional de España. Un año antes, en febrero, se atrapó a los etarras Juan Jesús Narváez Goñi e Iciar Alberdi Uranga. Esa detención se enmarcó dentro de la estrategia operativa desarrollada por la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional española para localizar y detener a miembros de ETA que residían de manera clandestina en distintos países, dentro y fuera de la Unión Europea (UE).