Levantan la imputación al expresidente de Murcia

El juez sostiene que contra el que fuera jefe del Ejecutivo regional solo existen «meras sospechas», por lo que no es procedente mantener abiertas las diligencias penales contra él

Pedro Antonio Sánchez EFE

S.E.

El juez que instruye el caso Púnica en la Audiencia Nacional ha decidido levantar la imputación al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez al no encontrar indicios con un «mínimo de certeza» de que pudiera haber cometido algún delito en este caso, informa Efe.

En un auto, el magistrado Manuel García Castellón adopta esta decisión después de que el Supremo decidiera archivar la causa para la senadora del PP Pilar Barreiro , exalcaldesa de Cartagena y pieza clave en los hechos y el pilar sobre el que «pivotaba» la imputación.

Si, a juicio del Supremo, el material probatorio contra Barreiro no es suficiente, tampoco puede serlo para incriminar a Pedro Antonio Sánchez y a David Conesa, uno de sus colaboradores cuando ocupaba la Consejería de Educación, en el encargo de trabajos para promover una campaña de mejora de su imagen.

El juez sostiene que contra el que fuera jefe del Ejecutivo regional solo existen «meras sospechas», por lo que no es procedente mantener abiertas las diligencias penales contra él como presunto autor de los delitos de cohecho, fraude y revelación de información reservada. Y matiza que aunque algunas de las conversaciones intervenidas a varios de los investigados podría apuntar en otra dirección, también existen otras que las contradicen.

Recalca que algunas de ellas admiten diversas interpretaciones, por lo que no presentan indicios sólidos contra Sánchez. Tras la absolución de Sánchez el pasado diciembre por la Audiencia Provincial por el caso Pasarelas, en el que estaba acusado de prevaricación y falsedad, por una «indolencia» en la instrucción que llevó a que se rebasaran los plazos establecidos en la ley, le queda pendiente de juicio el caso Auditorio.

El actual presidente murciano, Fernando López Miras , considera que debe investigarse el uso con fines políticos de la justicia y cree que, quienes intentan utilizarla para sacar rédito político, deberían ser «repudiados por la sociedad».

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