La Junta Electoral, por unanimidad: la consulta ilegal del 1-O no puede considerarse un referéndum
Su dictamen será comunicado ahora a Puigdemont, Rajoy, el Rey, la UE y la ONU
La Junta Electoral Central ha concluido este miércoles por unanimidad que «el pasado día 1 de octubre de 2017 no ha tenido lugar en Cataluña ningún proceso que pueda ser considerado como referéndum en ninguna de las modalidades previstas en el ordenamiento jurídico».
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El dictamen ha sido enviado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ; el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el Rey Don Felipe, todos los órganos constitucionales del Estado; los presidentes de las distintas instituciones de la Unión Europea; del Consejo de Europa; Naciones Unidas y OSCE.
El dictamen ha sido adoptado en la reunión ordinaria que este órgano tenía convocada para esta mañana y en el mismo advierte que «carecen de todo valor los que se vienen presentando como resultados del llamado referéndum de autodeterminación». Y ello, explica, porque ni el sujeto convocante, la forma en que fue llevada a cabo y el objeto de la misma se ajustaron a la legalidad.
Subraya así que la Generalitat no tenía las competencias necesarias para llevar a cabo la consulta , recuerda que la misma se realizó vulnerando resoluciones firmes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y que su objeto era inconstitucional. Como remate, denuncia la «notoria ausencia de garantías de objetividad y transparencia en su desarrollo, escrutinio y control».
La Junta Electoral Central es el órgano competente para declarar y publicar los resultados de todos los comicios y los referendos que tengan lugar en España, incluyendo Cataluña tal y como recoge la disposición transitoria segunda de su Estatuto de Autonomía.
Con el envío de este dictamen a las instituciones europeas pero también a los organismos internacionales más importantes, la Junta Electoral busca que la consulta ilegal del 1 de octubre no sea reconocida en el exterior. Este envío se produce de manera extraordinaria ante la intención de la Generalitat de usar los resultados para declarar la independencia ya que ni los resultados electorales no de referendos anteriores son comunicados al exterior por la Junta Electoral con esta profusión. La Junta Electoral ha examinado la legalidad de la consula catalana tras registrar varias peticiones.
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