Juicio contable a Artur Mas y sus consejeros por los gastos de la consulta ilegal del 9-N

El expresidente de la Generalitat, Homs, Rigau y Ortega declaran este miércoles en el Tribunal de Cuentas

Si son condenados, los antiguos gobernantes catalanes perderían la fianza de 5,25 millones de euros

Ilustración del expresidente de la Generalitat Artur Mas JAVIER CARBAJO

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Artur Mas rendirá cuentas de nuevo este miércoles por impulsar la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014 , el antecedente más cercano al referéndum independentista ilegal del 1 de octubre de 2017. El expresidente de la Generalitat, tres exconsejeros de su antiguo Gobierno y cinco altos funcionarios serán enjuiciados por el Tribunal de Cuentas, el órgano supremo para fiscalizar el manejo del dinero público. Es el juicio contable por la consulta del 9-N.

En la vista, Artur Mas, el exconsejero de Presidencia Francesc Homs y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau serán interrogados por la supuesta utilización de fondos públicos en el 9-N. Las preguntas las plantearán las partes demandantes: la Societat Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por Europa, y la Abogacía del Estado, el órgano que dirige los servicios de asistencia jurídica al Estado y otras instituciones públicas, integrado en el Ministerio de Justicia. La cita será a las 10.00 horas en la sede del tribunal.

En el caso de que sean condenados, un desenlace que lo resolverá una futura sentencia, Mas y el resto de investigados perderían la fianza solidaria de 5,25 millones de euros , depositada en metálico y en propiedades inmobiliarias, entre ellas el señorial piso del «expresident» en la calle Tuset de Barcelona, su residencia habitual. El Tribunal de Cuentas impuso esta fianza millonaria hace un año.

La cifra de la fianza responde a los gastos que supuso la organización de la consulta del 2014, que se sitúa en unos 4,8 millones de euros, a lo que se añaden los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de fijación de la fianza. El Tribunal de Cuentas ordenó el embargo de bienes después de que los investigados no cumpliesen el pago íntegro de los 5,25 millones.

Sin acusación por malversación

Una de las principales tesis de los acusados —que no puede haber una responsabilidad contable si no hubo una condena por malversación— esconde una trampa de fondo. El Tribunal Supremo , en la sentencia en la que condenó por desobediencia a Homs por el 9-N, sugirió que podría haberle condenado por malversación de caudales públicos si la Fiscalía hubiese acusado por este delito. No fue así porque el Ministerio Público lo retiró durante la investigación. La malversación acarrea penas de prisión.

«No se cuestiona si la aplicación económica de fondos públicos, promovida por el acusado en abierta y franca contradicción con el mandato emanado por el Tribunal Constitucional , tiene o no relevancia penal», explicó el Supremo, que se limitó a valorar los dos delitos por los que acusó el Ministerio Público. El Alto Tribunal condenó a Homs a un año y un mes de inhabilitación política, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó por el mismo crimen a Mas, Ortega y Rigau, que no estaban aforados. Ellos recurrieron al Supremo, que aún no se ha pronunciado y que celebrará una vista por estos recursos el próximo 6 de noviembre.

El Govern de Artur Mas hizo oídos sordos a la Justicia y mantuvo la convocatoria e impulso la celebración del 9-N, en el que participaron 40.000 voluntarios de las filas independentistas. La Generalitat desoyó la prohibición del Constitucional, que en una providencia suspendió y prohibió la celebración de la consulta, en la que participaron unos 1,8 millones de personas sin ninguna garantía.

En la causa por rebelión del Supremo, que investiga el proceso indepdentista ilegal que capitaneó Carles Puigdemont, Artur Mas estuvo imputado por haber participado en el proceso de ruptura de los líderes secesionistas, que empujaron hacia la independencia por las vías ilegales, enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado. El juez del caso, Pablo Llarena archivó sin embargo la causa contra Mas al cerrar la instrucción en el auto de procesamiento. Mas, el antecesor de Puigdemont y quien prendió la mecha del procés, sí responderá en cambio por sus desmanes con dinero público.

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