El horizonte judicial del máster de Casado

El pasado jueves el Tribunal Supremo le ponía deberes a la fiscalía. La pregunta: que le informe...

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El pasado jueves el Tribunal Supremo le ponía deberes a la fiscalía. La pregunta: que le informe si considera que el alto tribunal abre investigación, o no,  sobre el máster en Derecho Autonómico de Pablo Casado. Meses lleva planeando la sospecha sobre el líder del PP que defiende su absoluta transparencia y dice que nadie ha dado tantas explicaciones como él. Transparente, sostiene, fue cuando mostró cuatro trabajos impresos, los que dice que le pidieron para aprobar cuatro asignaturas de su titulación porque las otras 18 del máster se las convalidaron. La prensa pudo entonces ver los títulos de los trabajos, el volumen de los textos, pero poco más. El contenido no se ha hecho público y Casado afirma que sólo se los dará al tribunal, si se los pide. Esa es la demanda que le hace al Supremo la jueza que lleva el Caso Máster en un juzgado de Madrid: que se le pidan los trabajos y el ordenador en el que los hizo para comprobar cuando se redactaron. Más sombras sobre el master de Casado: que él no tuvo que ir a clase, aunque era presencial. Y que no presentó trabajo de fin de master porque, dice, a él no se lo pidieron. Ayer mismo la Universidad Rey Juan Carlos denunciaba el borrado de más de 5.000 correos de aquella época, cuando hicieron sus másteres Cristina Cifuentes, Carmen Montón y el propio Casado.Al líder del PP sólo puede investigarlo el Supremo y al alto tribunal ha dirigido un escrito el líder del PP esta misma semana diciendo que él no cometió ninguna irregularidad y que, de haber alguna, ya habría prescrito. El cohecho impropio sí, caduca a los 5 años, pero la prevaricación no: son diez.Ahora la fiscalía tiene que pronunciarse. Su dictamen no es vinculante y  el Supremo puede aceptarlo o no. En 5 jueces recae la decisión final, uno de ellos es Pablo Llarena, el magistrado del procés.En caso de que el alto tribunal decidiera investigarlo Casado no tiene previsto dimitir. Los estatutos  del PP estipulan que ese paso sólo debería darlo en el momento de apertura de juicio oral.