El Gobierno prohíbe el uso privado de las «narcolanchas»

La nueva normativa permitirá el decomiso de las embarcaciones aunque no lleven droga cuando sean detectadas

MadridActualizado:

El Gobierno ha aprobado hoy viernes un anteproyecto de ley para prohibir el uso privado de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad, las denominadas «narcolanchas», lo que permitirá su decomiso aunque no lleven droga cuando sean detectadas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este anteproyecto que reforma la ley orgánica de represión del contrabando en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha abordado el problema del narcotráfico en el Campo de Gibraltar.

Según ha explicado, estas embarcaciones sólo podrán ser utilizadas por organismos o entidades públicas y aquellas que se encargan de labores de salvamento y de asistencia marítima.

Las lanchas que serán incautadas serán las embarcaciones, de uso privado, neumáticas y semirrígidas de más ocho metros de eslora, o las de longitud inferior que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios. Así como cualquier otro navío que, independientemente de sus dimensiones y potencia, cuenten con indicios -tasados en la propia regualción- de incurrir en delito de contrabando.

Será obligatorio su inscripción en un registro que será creado por esta norma, impulsada por el Ministerio de Hacienda en coordinación con Interior.

Montero ha subrayado que el objetivo es avanzar en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al contrabando de tabaco.

La iniciativa declara «prohibidas» las embarcaciones de alta velocidad que utilizan las mafias, especialmente en la costa del Campo de Gibraltar, y penalizará su uso ilegítimo.

«Se podrá efectuar el decomiso por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de estas embarcaciones cuando sean detectadas, aunque no lleven carga ilícita, y también incoar expedientes sancionadores», ha señalado.

Concretamente, existirá una infracción administrativa si el valor de las embarcaciones detenidas no supera los 50.000 euros; si los supera, se penalizará delito de contrabando, sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces el valor de los bienes incautados.

Montero ha destacado que el contrabando de drogas y tabaco en esa costa andaluza plantea importantes problemas y retos a quienes luchan contra el narcotráfico y produce además una importante alarma social, al causar problemas de seguridad pública y generar «un caldo de cultivo para el deterioro social».

«El Gobierno va a poner todos los instrumentos en su mano para poder combatir esta situación y dar tranquilidad a esta zona de la comunidad andaluza», ha recalcado.

El pasado mes de marzo, tras reunirse con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ya anunció que el Ejecutivo ultimaba un real decreto para prohibir las «narcolanchas».

El decreto se ha convertido finalmente en un anteproyecto de reforma de la ley de represión del contrabando.