El Gobierno cree haber encontrado un atisbo legal para frenar la inhumación de Franco en La Almudena

Apunta a que en la ley de Memoria Histórica se apuesta por el «principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar (...) en el convencimiento de que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio»

Víctor Ruiz de Almirón

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El Gobierno llevaba semanas desentendiéndose de lo que sucediera con los restos de Franco una vez se produjera la exhumación del Valle de los Caídos. Así lo dijo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que hace tan solo cinco días manifestaba que el Ejecutivo «no puede ir más allá» de evitar que haya un mausoleo en el que se rinda tributo a un dictador. « El Gobierno no puede ir más allá . Los restos de Franco son restos humanos que sólo es su familia la que los puede recibir y decidir donde están», dijo Calvo entonces.

Pero la posibilidad de que los restos acabasen en la cripta de La Almudena, en pleno centro de Madrid, han forzado este cambio en el Ejecutivo. Tras reunirse el lunes con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, y dejar por primera vez abierta la posibilidad de que la inhumación no fuese en La Almudena, la número dos del Gobierno se mostraba ayer más clara al respecto: «Lo que acordamos fue estar de manera conjunta, tanto el Gobierno como la Iglesia, para encontrar una salida que obviamente no puede ser la Almudena », señaló la número dos del Gobierno.

Pero tras realizar estas declaraciones, el Vaticano se vio obligado a precisar al Gobierno español . En su comunicado, el director de la Oficina de Comunicación de la Santa Sede, Greg Burke , confirma que Parolin «no se opone a la exhumación de Francisco Franco, si así lo han decidido las autoridades competentes», pero rechazando que el número dos de la Santa Sede entrase a debatir el destino de los restos: «En ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación».

El Vaticano se limita a plantear que el Gobierno debe negociar con la familia, y rechaza un posicionamiento expreso: «Es cierto que la señora Carmen Calvo expresó su preocupación por la posible sepultura en la catedral de la Almudena y su deseo de explorar otras alternativas, también a través del diálogo con la familia. Al cardenal secretario de Estado le pareció oportuna esta solución»

Calvo busca sustento legal

El Gobierno cree tener el sustento legal para impedir la inhumación, pero el camino es difuso. La posición que Calvo dijo haber expresado a Parolin es que la Almudena «no es de titularidad privada», sino que de ella «es responsable» la Iglesia católica, advirtiendo de que el Gobierno «tiene que garantizar en todo el territorio español que no se enaltece a Franco en ningún sitio, en ningún punto del territorio, porque todos estamos sometidos a la ley». Calvo insistió en que «el lugar donde estén finalmente los restos del dictador tiene que ser un lugar donde no se puedan producir manifestaciones de enaltecimiento. Es algo que nos obliga la ley y tenemos instrumentos para cumplirlo».

¿Pero a qué instrumento legal se refiere? Desde el Gobierno se apunta a la Ley de Memoria Histórica. Pero lo cierto es que en el texto no aparece explícitamente recogido la prohibición del enaltecimiento del franquismo, de hecho es uno de los motivos por los que el PSOE registró una modificación de la norma, actualmente en tramitación, que sí apuesta por modificaciones en el Código Penal «las manifestaciones de odio contra víctimas del franquismo y de la Guerra Civil o el enaltecimiento del franquismo».

Pero en el Gobierno creen que ya con la actual legislación se puede actuar, y se apunta a que en la exposición de motivos apunta al «principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar (...) en el convencimiento de que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio».

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